DNI Salta.- Lo expresó Verónica Párraga, representante del personal policial y de los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia, quien sacó a la luz graves irregularidades del Ejecutivo y del Ministerio de Seguridad para con los trabajadores. No cuentan con recursos, móviles ni indumentaria. Los penitenciarios no dan a basto con solo dos efectivos para controlar a 150 presos. Y hacen trabajar a policías como adicionales, registrándolos como tal y cobrándole a los privados por cada servicio, pero sin pagarles por esa condición. La policía retirada adelantó que irá a la Justicia contra el Gobierno de Sáenz por incumplimiento de deberes, y exigió la renuncia de dos ministros y varios funcionarios.
Verónica Párraga, representante del personal policial y de los empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia, se refirió en vivo en DNI SALTA al desastre de la Policía por la falta de recursos, a la falta de móviles, de indumentaria, de chalecos, de insumos básicos y también de preparación, por ineficiencia del Gobierno provincial y del ministro de Seguridad Marcelo Domínguez, y adelantó que demandarán penalmente en la Justicia al Gobernador Gustavo Sáenz por las graves irregularidades y por considerar que está faltando al deber de funcionario público.
Verónica le habló directamente al Gobernador Sáenz mirando a la cámara de DNI SALTA, y descargó toda su bronca e indignación por el destrato a la fuerza desde el propio Estado.
«Estoy muy enojada con el Gobierno de Sáenz, porque Sáenz se burla de la gente, Sáenz hace uso de la Policía, hace uso de la Justicia, hace uso de la cárcel. Están perjudicando a gente que no tiene nada que ver, que solo quiere trabajar y cuidar a la sociedad. Han destruido a los hospitales, han destruido al sistema de salud. Da vergüenza ir al norte. Señor Gobernador, yo seré pobre, pero me voy al norte a ver cómo están mis pares: los que están retirados están en una situación de indigencia total, hay que llevarles cajas de alimentos después de haberle servido y cuidado a la Provincia», se despachó la representante de los trabajadores policiales.
«Y en el norte se ve la extrema pobreza que estamos pasando. Es hora que despierte, señor Gobernador, y si no, nosotros los ciudadanos tendremos que recurrir a la Justicia, porque la Constitución nos ampara, para denunciar la omisión a los deberes de funcionario público. Usted no se debe a su bolsillo, se debe al pueblo, y al pueblo debe brindarle salud, seguridad y educación, y un bienestar. Yo soy una persona grande y con enfermedades, pero no voy a claudicar en mi lucha y no voy a permitir que me sigan atropellando mis derechos. Yo ya cumplí con mi trabajo. El personal de seguridad y de la cárcel también quieren cumplir con su trabajo. Y un ministro, y un jefe de Policía, y una directora de la cárcel, y un ministro de Salud como el que ustedes tienen, no pueden seguir en sus cargos. Porque lo único que hacen es responderle a usted, señor Gobernador», enfatizó mirando a cámara.
No dan a basto
La referente de los trabajadores aseguró que el Servicio Penitenciario en Salta ya quedó chico, que está cuadriplicado el número de internos, igual que Alcaidía, y que no dan a basto, que solo cuentan con dos efectivos del Servicio Penitenciario para un pabellón de 150 internos, y que así es imposible garantizar seguridad, control, manejo de drogas, peleas entre presos. «Si se agarran a piñas dos policías no pueden hacer nada, descontrol», aseguró la trabajadora policial retirada.
Afirmó que el Gobierno de Sáenz no invierte en seguridad, ya que el Presupuesto de esa área representa miles de millones de pesos, y se preguntó «dónde está la plata, hacia dónde va».
Graves irregularidades con los adicionales
Además, Párraga puntualizó en que no se les paga a los adicionales de la Policía. Para colmo de males, obligan a hacer adicionales gratis a los trabajadores. Y brinó al respecto un ejemplo de cómo se maneja el Gobierno en este sentido.
«Les otorgan la posibilidad de hacer solo dos adicionales al mes a cada policía, porque el Gobierno se niega a darles más adicionales, y es para no pagar. Y cuando un empresario o comerciante quiere hacer un evento, por ejemplo, el dueño de un boliche, que pide diez adicionales, al trabajador policial no lo registran como adicional, lo envían de su propio turno. El Ministerio de Seguridad les cobra a los empresarios de boliches por el adicional, pero esa plata no se la dan al policía que va a desempeñar su trabajo de adicional, porque desde el Gobierno lo hacen figurar como un trabajo encuadrado en su tarea ordinaria, y a eso se le recargan en su propio servicio, todo para pagar menos en desmedro del trabajador», explicó.
En definitiva, el Gobierno le cobra al empresario un dinero, y ese dinero no se le está dando al Policía que arriesga su integridad, y además sacan a policías de las comisarías, los que tienen que brindar seguridad en los barrios y en las calles con patrullajes, para enviarlos a trabajar en el sector privado. Esto constituye una doble irregularidad, ya que le cobran ilegalmente al empresario, pero al policía lo sacan de la comisaría, siendo ésto un hecho irregular de gravedad que antes no sucedía.
