DNI Salta.- Las detenciones y apremios que sufrieron los docentes el jueves 25 de mayo en inmediaciones del ex peaje donde tiñeron la democracia y mancharon una fecha patria, fueron ordenados por la jueza de Garantías 1, Ada Guillermina Zunino.
Sin embargo, esto no sorprende, debido que Zunino allanó una fama negativa y poco creíble dentro de la justicia. Conocida por su imagen desgastada y de dudosa credibilidad, estuvo envuelta en varios escándalos que están al margen de la ley.
Uno de los casos que tiñó el prontuario de la magistrada y socavó la doliente lucha de las mujeres, fue el femicidio de Romelia Pistone, ocurrido en Fortín Dragones el 6 de diciembre de 2014, cuando estaba a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia.
El 22 de septiembre de ese año, la psicóloga del Poder Judicial, Laura Guerrero Palma, remitió por mesa de entrada un informe dirigido a Zunino, donde solicitaba proteger a la víctima de su pareja, un hombre violento que había sido denunciado en más de una ocasión por ejercer violencia de género en todas en todas sus formas.
Zunino nunca atendió el requerimiento de la profesional ya que ni siquiera llegó a leer el petitorio. Finalmente, en diciembre de 2014, Pistone fue asesinada. Cuatro días después, al informe de Guerrero Palma se le agregó una anotación: «Informo que el presente informe no fue agregado debido a que el Expte. se encontraba traspapelado», fue la excusa de la jueza para justificar la inacción ante un crimen que se pudiera haber evitado.
Otro de los casos que dejó mal parada a la jueza fue el de Paulino Mendoza y su familia. El hombre tenía setenta años, estaba divorciado, era analfabeto y vivía de arreglar cocinas y calefones. Era el padre de una hija adicta que a su vez era madre de tres niños, dos de los cuales fueron criados por Paulino hasta el 2011 en su casa del barrio Arturo Illia de Tartagal.
En abril de 2011, Zunino, jueza de 1º Instancia de Personas y Familias de Tartagal, decretó que la Guarda Provisoria que Paulino tenía sobre sus nietos Esteban y Rocío se suspendía. Hasta el 2013 Paulino luchó para recuperar la tenencia, pero el 27 de abril de ese año, la Sala V de la Cámara de Apelaciones dictaminó que Ada Zunino había hecho bien en institucionalizar a los niños y declararlos en estado de abandono y sujetos a adopción. El tiro de gracia judicial llegó para Paulino en la Navidad de 2014: tras recorrer a pie la distancia entre su vivienda y el Hogar Gualterio Alsaldi donde estaban alojados sus nietos, le informaron que los niños ya habían sido adoptados. Desde entonces no volvió a verlos nunca más.
El proceso estuvo atravesado por la interpretación y aplicación de la ley 26.061 que busca garantizar el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de los derechos de niños/as y adolescentes. A esa ley recurrió el Defensor Oficial Luis Solorzano para pedir que Ada Zunino revocara la decisión de arrebatarle a Paulino la guarda. Argumentó que el superior interés de los niños es crecer en familia y que si la pobreza familiar dificultaba ese derecho, corresponde al Estado garantizarlo. La jueza pensó distinto: el “superior interés” de los niños también permite al Estado arrancarlos del núcleo familiar si esto amenaza los derechos de los menores.
El Defensor Oficial contratacó jurídicamente enfatizando que en vez de exigir al Estado que ayude a los niños a crecer en su núcleo familiar, Zunino optaba por lo más barato: arrebatarle la guarda al abuelo, institucionalizar a los niños y darlos en adopción. Para lograrlo ejercitó movimientos imprescindibles: sentenciar que Paulino era viejo e incapaz; que en la familia nadie estaba en condiciones de criar a los niños y que la pobreza familiar lo agravaba todo. Cuando el Defensor Oficial apeló el caso ante la Cámara, está legalizó lo actuado y dio por sentado que la exclusión es una desgracia que cae sobre muchos sin que nada se pueda hacer, salvo resignarse.
En el decreto de abril de 2012 que privó a Paulino de sus nietos, fue clave el informe de la asistente social Liliana Boglione quien en lo central dio los argumentos que luego la jueza utilizó para justificar su sentencia; aspecto que el Defensor Oficial también impugno enfatizando que Boglione nunca recabó testimonios de los vecinos de Paulino y desconoció el “Informe del Alumno” rubricado por la maestra del Jardín de Infantes y la Vice Directora del Colegio al que Esteban asistía. Allí se dejaba constancia de que el niño concurría regularmente a clases, en horario, acompañado siempre por un mayor, que su presentación era correcta en cuanto al vestir y la higiene, que su integración era buena, y que Paulino cumplía con todos los requerimientos de la institución.
Paulino Mendoza, en definitiva, era culpable de ser viejo, de no haber evitado la adicción de su hija, de ser incapaz de controlarla y también de ser pobre. Lo segundo y tercero es un límite que alcanza al propio Estado que ha sido y es incapaz de controlar el flagelo de las adicciones hasta hoy. Con respecto a lo primero y lo último, dice la ley que es el propio estado quien debe asistir a la familia para lograr el pleno derecho de los niños.
El 2 de febrero del año 2015 se fue del Distrito Judicial de Tartagal y juró como jueza de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro de la capital salteña. Allí, también, se vio involucrada en operaciones comerciales que son legales para cualquier ciudadano, pero prohibidas para los jueces.
El dato que lo evidenciaba era un edicto publicado por el diario El Tribuno el 4 de marzo de ese año. En el mismo, la magistrada solicitaba junto a otra persona de igual apellido y en carácter de propietarios de un inmueble de Metán, una concesión de 350 metros cúbicos de agua pública por día “para uso pecuario, para 5.000 cabezas de ganado bovino”. Un emprendimiento bastante impresionante en lo que a riqueza se refiere, pero que contradecía el artículo 155 de la Constitución Provincial que establece que los jueces y secretarios “no pueden realizar actividad política partidaria.
Tampoco pueden ejercer profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia, las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, y la defensa en juicio de derechos propios”.
En junio del 2017, se perdió una bolsa con 27.000 dólares, propiedad de “una jueza”, que se evitaba dar el nombre, ya que dicha magistrada había violado la reglamentación interna del poder judicial, que prohíbe tener dinero en los despachos.
El robo no sólo evidenció la falta en que incurrió Zunino, sino que la misma se dilató a lo largo de casi un mes en tanto la propia funcionaria judicial admitió en la denuncia policial que al dinero lo tenía guardado en un armario de su despacho desde el 16 de mayo de ese año cuando en una sucursal del Banco Macro compró los billetes verdes que al cambio de entonces supuso un desembolso de casi medio millón pesos.
Finalmente se supo que una empleada había sustraído los dólares de Zunino.
Transitaba el 2018, cuando las cámaras de seguridad de una empresa registraron el momento en que el entonces diputado por Rosario de la Frontera Kuldeep Singh entró armado y en banda a una empresa para cobrar una supuesta deuda.
Los fiscales que tomaron la causa pidieron a la jueza Zunino un allanamiento y que el pedido para detener al legislador, que tardó en llegar, para lo cual se requería que la magistrada cursara a la legislatura una solicitud de desafuero para el mismo. Nada de eso ocurrió.
Asimismo, y continuando con la polémica, en marzo de este año la jueza pidió la pena de muerte para ciertos delitos, asegurando que hay sentencias que no alcanzan para pagar algunos delitos. Esto causó mucha controversia, sobre todo teniendo en cuenta que muchos casos judiciales no fueron esclarecidos del todo, y generaron más dudas que certezas.
Dime con quién andas y te diré quien eres, dice el dicho popular. La magistrada es una de las mejores amigas de la, violenta y recordada María José Hansen, funcionaria de Sáenz, quien en 2021 agredió, insultó, amenazó, discriminó y humilló a las docentes que se hallaban protestando por mejoras salariales a metros de la casa de Gobierno.
