DNI Salta.- Una niña y dos mujeres mayores fueron hospitalizadas por no recibir atención ni asistencia del Ejecutivo provincial durante el tiempo que llevan reclamando. llevan una semana encadenados y los siguen ignorando.
En calle Amirante Brown al 100, en las afueras de la sede del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta), hermanos originarios que se movilizaron a la capital salteña continúan en lucha y no se mueve. Claman por los mismos derechos vulnerados de siempre, por el acceso a la dignidad, al agua, a una mejor calidad de vida, pedidos que llevan años y que son ignorados por un Ejecutivo provincial indiferente.
El reclamo pertenece a una comunidad del norte provincial, quienes, entre otras cuestiones urgentes, exigen una manguera de 300 metros para poder llevar agua de manera casera desde la ruta hasta las casillas rancho donde habitan, y que el Gobierno provincial les prometió hace 15 meses y no les cumplió, pese a lo simple del pedido, por estar abocados a la campaña.
Llevan una semana de lucha y todavía nadie del Gobierno de Gustavo Sáenz se hizo presente para darles respuestas a las comunidades wichi, guaraní y Toba que se encuentran en el IPPIS en la ciudad de Salta.
Para colmo de males, denunciaron que la Policía de Sáenz quiso golpear a Alejandra, la mujer que se encuentra encadenada desde ayer. Los reclamantes tuvieron que encerrarse en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, e hicieron un llamamiento a los medios, a la comunidad en general y organizaciones sociales a acompañar y apoyar el pedido de las comunidades de los pueblos originarios.
Son personas que vinieron a la ciudad caminando cientos de kilómetros y peregrinando por derechos como son el agua y la vivienda, y aquí están siendo violentado por un Estado ausente de respuestas y diálogo, y por la Policía que los hostiga.
Alejandra Giménez, originaria de la comunidad 20 de Junio, situada en la Ruta 86, a la altura del kilómetro 3, en el norte provincial, se encadenó en la sede del IPPIS luego de llegar a pie por segunda vez para pedir una simple manguera al Gobierno provincial caminando cientos de kilómetros, por una demanda de un recurso que cuesta alrededor de 100 veces menos que el valor de un solo cartel de propaganda del candidato a diputado nacional saencista Pablo Outes.
Este viernes, la mujer encadenada volvió a tomar contacto con DNI RADIO 103.7 Mhz. para contar su dramática situación, y la de sus pares.
«Hace más de una semana que estamos en el IPPIS y no tenemos ninguna solución. No nos están dando comida, no nos asisten con nada. Decidimos encadenarnos porque ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen. Somos varios caciques por diferentes problemas, por el tema de las viviendas que no les entregaron, por la manguera para mi comunidad», expresó la mujer.
«Hay un niño que estaba deshidratado y lo internaron. Hay cinco bebés acá con sus madres. Dos mujeres también fueron internadas, una de 70 años. No se apareció Marcelo Córdova (el acomodado funcionario de Gustavo Sáenz a cargo del IPPIS), no vienen a vernos. Solo ponen la cara empleados desde adentro del portón», contó indignada Alejandra.
«Esta mañana tuve problemas por la Policía por encadenarme, pero esto no es un delito. Si no hacemos esto, no te escucha el Gobierno. Acá no estamos obstruyendo el paso de nadie. Le pido a la Policía que no venga a golpear porque no somos delincuentes. Acá no vino nadie, solo vecinos nos acercaron un pedazo de pan», concluyó en DNI RADIO.
