DNI Salta.- Las recientes declaraciones del presidente electo, Javier Milei, sobre la derogación de la Ley de Alquileres en Argentina han generado incertidumbre en el mercado inmobiliario.
Las claves respecto a la situación de los alquileres en el país son las siguientes:
- Derogación de la Ley de Alquileres: Milei ha expresado su intención de derogar la Ley de Alquileres, promulgada en 2020 y reformada recientemente. Argumenta que la ley actual causó más perjuicios que beneficios y aboga por entender el alquiler como un contrato entre partes. También propone la posibilidad de que los contratos se pacten en cualquier moneda.
- Futuros Contratos: En caso de derogarse la ley, se espera que los contratos vuelvan a regirse por el Código Civil y Comercial de la Nación. Los contratos podrían tener una duración de dos años, con ajustes y libertad para acordar términos entre las partes. Milei destaca la importancia de la libertad monetaria en la dirección que buscan avanzar.
- Actualizaciones y Aumentos: Si se retoman acuerdos libres entre las partes, sería crucial reducir la inflación, uno de los desafíos para la administración entrante. En el pasado, los contratos solían prever aumentos a lo largo de los dos años de duración, con ajustes en los meses 6, 12 y 18. La elección de la moneda en la que se pacten los contratos podría influir en la forma en que se realizan los ajustes.
- Alquileres Sociales: El programa de Alquiler Social, incluido en la ley actual, nunca se implementó. Bajo la administración de Milei, se plantea abordar la problemática de la escasez de viviendas y altos precios. Se destaca la necesidad de aumentar el stock de unidades disponibles y generar un enfoque de desarrollo sostenible centrado en vivienda, urbanización y trabajo.
En resumen, la derogación propuesta de la Ley de Alquileres y la posible vuelta a acuerdos basados en el Código Civil y Comercial generan incertidumbre en el mercado inmobiliario argentino. Propietarios e inquilinos están evaluando cómo podrían afectarles estos posibles cambios, y la falta de claridad en la regulación futura agrega interrogantes al panorama.
