La co-autora del proyecto de ley de «regulación de protestas», que le permitirá al Gobierno provincial deslegitimar reclamos válidos de la sociedad, en extensa comunicación con DNI SALTA también sostuvo y reafirmó el discurso sesgado del Gobernador Gustavo Sáenz y de sus ministros de que «los docentes tienen los mejores sueldos del país», mientras miles de educadores deambulan por las rutas a causa de sus salarios de hambre.
DNI Salta.- Evasiva y en una posición decididamente a la defensiva, la diputada provincial Socorro Villamayor, la co-autora (junto a su par Cristina Fiore) del proyecto de ley de «regulación de las protestas», que fue aprobado sobre tablas y a las apuradas por la Cámara de Diputados el lunes, defendió el proyecto que inhibe las protestas legítimas de trabajadores y ciudadanos, y sostuvo además el relato irreal del Gobernador GustavSáenz, del ministro de Gobierno y Derechos Humanos Ricardo Villada y del titular de la cartera de Economía Roberto Dib Ashur, que trazan una realidad paralela de la provincia sosteniendo que Salta tiene «los mejores sueldos docentes y la mejor paritaria del país».
Desde culpar al Gobierno de Juan Manuel Urtubey por los destinos del Fondo de Reparación Histórica, siguiendo la lógica de justificar los males en relación a «la culpa del otro», pese a reconocer que como legisladores no se denunció esa irregularidad, hasta atribuirle a gestiones pasadas «la deuda de los sueldos docentes», la diputada Villamayor, en diálogo en vivo con Abel Díaz en DNIsalta.com, hizo una defensa a ultranza de la polémica ley que tiene a trabajadores docentes y sanitarios indignados, y de su líder político, el Gobernador Gustavo Sáenz.
La diputada cuestionó el periodismo crítico de DNIsalta.com para evitar confrontar sobre temas sensibles: la salud, la desnutrición, la falta de agua, la escasa confrontación de los legisladores al Ejecutivo y la falta de controles y pedidos de explicaciones, y cuestionó que no se destaquen las cosas positivas del Gobierno de Sáenz, tildando de «prensa amarilla» a los que lo critican.
Socorro Villamayor consideró que el Gobierno de Sáenz «puso a la provincia en marcha y tiene unas paritarias ordenadas», cuando la realidad indica que hay miles de trabajadores de educación y salud en las calles que no son recibidos y deambulan de protesta por sueldos de hambre. Además, deslegitimó a los Docentes Autoconvocados porque no pertenecen a un gremio, sobre lo que recalcó que «ese no es un problema de Sáenz».
Mientras el gasto político es obsceno e innecesario, la diputada ultra oficialista aseguró que «el Gobierno provincial por sí mismo no llega a cubrir la totalidad de los servicios que requiere la provincia», cuando se puso como ejemplo un pozo de agua realizado en Tartagal que la funcionaria remarcaba que fue obra de Gustavo Sáenz, pero que en realidad se hizo con aportes de Nación, aunque destacó su «virtud de gestionar».
(La entrevista con la diputada Socorro Villamayor, a partir del minuto 36 de la transmisión en vivo de DNIsalta.com).
Cuando se le consultó sobre el pedido popular de achicar el gasto político, evadió cuando se le refrescó los sueldos de más de un millón de pesos que beneficia a los diputados, contrastándolos con informaciones erróneas en cuanto a sueldos de docentes, aunque reconoció que los de los educadores «no son sueldos que permiten vivir bien».
También sostuvo el relato del Gobierno provincial, como la falacia de que hay docentes que «trabajan cuatro horas», y que «Salta es la provincia que mejor tienen los docentes y con paritarias acordadas por encima de la inflación».
La ley «antipiquete» pasará al Senado con mucha rapidez, en el afán de Sáenz de aprobarla por su desesperación y el debilitamiento que está teniendo su gestión cuando observa el clamor popular expresado en las 20 cuadras de marchas representadas no solo por docentes y trabajadores de salud, sino por el pueblo, a favor del reclamo genuino de quienes cobran por debajo de la canasta básica total (130 mil pesos el docente que recién se inicia).
Esta ley sí fue prioridad para los diputados que cobran más de 1.200.000 pesos de sueldo al mes, que se aumentan alrededor de 100 mil pesos de dietas mes a mes y que ahora, en lugar de darle prioridad a la resolución del conflicto docente haciendo de puente y nexo, se manifiestan aprobando este proyecto en contra de enseñantes, médicos y enfermeros.
Una ley donde confrontan varios derechos válidos, cuando solo parece allí protegerse al legítimo derecho a la libre circulación de tránsito, sin incluir, y estigmatizando, a quien protesta también por derechos incumplidos por parte del Gobierno: a huelga, a un trabajo digno, al acceso a la educación, a la salud, al agua.
