DNI Salta.- En medio del punto más álgido de la problemática y el paro general de los trabajadores autoconvocados de la docencia y la salud, tras la brutal represión y detenciones indiscriminadas a trabajadores del pasado 25 de mayo por parte del Gobierno provincial y de marchas constantes en pos de la dignidad ante salarios de hambre y miseria para profesionales escenciales, la Cámara de Diputados de la Provincia, compuesta mayoritariamente por legisladores oficialistas y alineados a Gustavo Sáenz, le dio este lunes media sanción a la ley «anti-protesta social», una ley que avasallará gravemente contra los derechos de los trabajadores al reclamo, en un nuevo gesto de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Salta de los peligrosos y temerarios rasgos anticonstitucionales y antidemocráticos de siempre.
Con la aprobación de esta ley, que aún debe pasar por el también maqyoritariamente oficialista Senador provincial, quedará lisa y llanamente prohibido expresarse en las calles y en las rutas, legitimado por una ley que atentará contra la libertad de expresión y el derecho a huelga. Y este proyecto, que fue confeccionado hace tiempo, fue sacado del cajón adrede en medio de este contexto de convulsión social y descontento popular de los docentes, el personal de salud, y del grueso de la ciudadanía salteña, con reclamos salariales de docentes que llevan casi un mes, de médicos, enfermeros, trabajadores de la seguridad pública.
Con esta ley, en connivencia entre los legisladores obsecuentes y el Gobernador, expone de manifiesto cómo un debilitado Gustavo Sáenz, ante el temor propio de ver cómo el pueblo se está levantando, envía a apurar esta ley de forma urgente y prioritaria, cuando la prioridad real es brindarles un mejor sueldo a los trabajadores de las escenciales áreas públicas. Un verdadero bochorno en el año en el que el país cumple su aniversario número 40 de democracia.
Este proyecto, que se lo presentó como una ley para «regular las protestas sociales», con llamativa celeridad fue aprobado por mayoría y demorará poco y nada su pase al Senado, ante el apuro de un acorralado Gobernador Sáenz que pretende que la limitación a las legítimas protestas de los salteños sea ley cuanto antes. Celeridad a la que no se recurrió, para nada, para tratar otras problemáticas urgentes, como ser para destrabar de manera salomónica el actual conflicto de trabajadores, ni para resolver los dramas de la falta de agua, de la desnutrición en el norte, de la inseguridad, y tantos otros flagelos que nos acechan.
Si bien la «letra grande» de este proyecto aprobado en la noche del martes dice tener por objeto «conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza», se traduce en realidad en un cercenamiento de los derechos a los reclamos legítimos de los ciudadanos, ya sea por salarios dignos, por seguridad, por agua, tomando cómo válido solo el derecho «a la libre circulación», valiéndose en este caso de una especie de «choque» de derechos, todos legítimos y atendibles de la misma manera. Y además conserva como fin alimentar la siempre efectiva, para cada gobierno con rasgos dictatoriales, guerra de «pobres contra pobres», criminalizando y estigmatizando la protesta legítima.
Y si bien el derecho a la libre circulación es legítimo, es sabido que la vida y el derecho a la dignidad y a la alimentación, en tiempos de salarios de hambre y siempre, son el bien jurídico más importante más importante de la Constitución, yendo este proyecto de ley incluso en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, se pretende institucionalizar el antojo del Gobernador Sáenz: el polémico decreto 91/23 para disolver las protestas sociales.
Este proyecto, tratado sobre tablas y a las apuradas por orden de un Gobernador acorralado y que busca legitimar y fortalecer su autoritarismo, impulsado por el Presidente de la Cámara baja, Esteban Amat, que le otorgaría poder represor al Gobierno provincial y a las fuerzas de seguridad, cuyas autoras con las diputadas Socorro Villamayor y Cristina Fiore (incluso esta última se opuso a que sea tratado este martes en medio del convulsionado contexto social), de convertirse en ley, le otorgaría facultades a la Policía y a la Justicia para reprimir, encarcelar e imputar a aquellos que osen a protestar, aún cuando los gobiernos de turno ignoren y se hayan agotado todas las vías posibles para ser escuchados.
Y esto queda bien expresado, y de manera muy sutil, en el párrafo que indica que «las protestas o manifestaciones que no cumplan con la norma y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria que será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia».
De los 60 diputados salteños que componen la Cámara Baja, la mayoría funcionales y que deben favores al poder político, 21 optaron por mirar para otro lado y «lavarse las manos» eligiendo la abstención al voto para que el proyecto vuelva a comisión, la mayoría en acuerdo con el proyecto de la ley anti-protesta, pero no con «el día en el que se lo trató». Ellos fueron Julieta Perdigón, Enrique Sansone, Roque Cornejo, Santiago Vargas, Ana Laura Córdoba, Matías Monteagudo, Pablo Gómez, Gustavo Orozco, Sofía Sierra, Bernardo Biella, Fabio López, Alejandra Navarro, Marcela Leguina, Franco Hernández, Azucena Salva, David Leiva, Nancy Jaime, Jorge Restom, Adrián Valenzuela, Jorgelina Juárez y Javier Paz.
Y decidieron aprobarlo, entre otros, algunos de los siguientes diputados y diputadas:
Socorro Villamayor
Germán Rallé
Esteban Amat
Cristina Fiore
Ernesto Guanca
