DNI Salta.- Un episodio ocurrido en horas de la mañana en Ciudad Judicial de Tartagal volvió a colocar en el centro de la agenda pública la complejidad de los embarazos en niñas. Una menor de 12 años, acompañada por familiares y referentes de su comunidad originaria, se encadenó en la entrada del edificio para manifestar su voluntad de continuar con su embarazo, cuyo padre es un adolescente de 14 años.
La escena, lejos de un clima estrictamente judicial, reveló la profundidad social del caso. Según equipos sanitarios, la niña expresó desde su primer control prenatal que no deseaba acceder a la interrupción, aun cuando la situación encuadra legalmente como abuso sexual debido a la edad de ambos involucrados.
Riesgos sanitarios y acompañamiento clínico
La doctora Patricia Leal, directora de Maternoinfancia del Hospital Materno Infantil, explicó que la principal preocupación del sistema de salud es resguardar la integridad física y emocional de la menor. Recordó que cualquier embarazo en edades tan tempranas implica riesgos severos y requiere seguimiento constante.
“Es riesgoso cualquier embarazo a una edad tan temprana. La voluntad de la niña es continuar, entonces nosotros vamos a seguir controlando. Nadie va a obligar a nadie a interrumpir el embarazo, sí acompañamos”, señaló. La menor fue internada para estudios complementarios y se encuentra bajo seguimiento especializado.
Leal también precisó que el Ministerio de Salud no interviene en las decisiones judiciales: su tarea es garantizar la atención adecuada, independientemente de las resoluciones que adopte la Justicia.
Marco legal y límites del consentimiento
Mientras se desarrollaba la protesta en Ciudad Judicial, la titular del área provincial de Niñez, Paula Tackzek, recordó que la legislación en materia de derechos de la niñez es explícita: una menor de edad no puede consentir relaciones sexuales, por lo que cualquier vínculo de este tipo constituye abuso sexual.
Tackzek remarcó que el objetivo del Estado es asegurar la protección integral “por encima de la voluntad expresada”, dado que a los 12 años no existe madurez suficiente para dimensionar los riesgos y consecuencias del proceso.
Un caso donde convergen múltiples dimensiones
El avance del proceso judicial abrió debates internos en organismos provinciales sobre cómo se articula realmente el sistema de protección infantil en situaciones donde conviven factores sanitarios, culturales y normativos.
Por un lado, el embarazo supone riesgos concretos para la salud de la niña; por otro, los equipos técnicos deben comprender el contexto comunitario en el que creció y desde el cual sostiene su decisión. A esto se suma la obligación estatal de intervenir incluso cuando las voluntades expresadas entran en tensión con la ley.
En el norte provincial, los equipos que acompañan el caso admiten que la situación exige un seguimiento minucioso del embarazo, contención emocional para la menor y acompañamiento a una familia con escaso contacto previo con instancias judiciales. Paralelamente, se evalúan las rutas de cuidado que deberán activarse una vez que la Justicia defina los pasos a seguir.
