Los medios gráficos de mayor tirada del país ya da cuenta de una ley que está a punto de aprobarse y que avasalla el derecho a reclamo de los trabajadores.
DNI Salta.- En medio del punto más álgido de la problemática y el paro general de los trabajadores autoconvocados de la docencia y la salud, tras la brutal represión y detenciones indiscriminadas a trabajadores del pasado 25 de mayo por parte del Gobierno provincial y de marchas constantes en pos de la dignidad ante salarios de hambre y miseria para profesionales escenciales, la Cámara de Diputados de la Provincia, compuesta mayoritariamente por legisladores oficialistas y alineados a Gustavo Sáenz, le dio este lunes media sanción a la ley «anti-protesta social», una ley que avasallará gravemente contra los derechos de los trabajadores al reclamo, en un nuevo gesto de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Salta de los peligrosos y temerarios rasgos anticonstitucionales y antidemocráticos de siempre.
Con la aprobación de esta ley, que aún debe pasar por el también mayoritariamente oficialista Senador provincial y que sería tratada este jueves con la intención de que sea aprobada cuanto antes, quedará lisa y llanamente prohibido expresarse en las calles y en las rutas, legitimado por una ley que atentará contra la libertad de expresión y el derecho a huelga. Y este proyecto, que fue confeccionado hace tiempo, fue sacado del cajón adrede en medio de este contexto de convulsión social y descontento popular de los docentes, el personal de salud, y del grueso de la ciudadanía salteña, con reclamos salariales de docentes que llevan casi un mes, de médicos, enfermeros, trabajadores de la seguridad pública.
Con esta ley, en connivencia entre los legisladores obsecuentes y el Gobernador, expone de manifiesto cómo un debilitado Gustavo Sáenz, ante el temor propio de ver cómo el pueblo se está levantando, envía a apurar esta ley de forma urgente y prioritaria, cuando la prioridad real es brindarles un mejor sueldo a los trabajadores de las escenciales áreas públicas. Un verdadero bochorno en el año en el que el país cumple su aniversario número 40 de democracia.
Esta nueva señal de atropello a los derechos de los trabajadores, como tantos otros bochornos que involucran a funcionarios públicos vinculados al Gobierno de Gustavo Sáenz, tuvo una fuerte repercusión en los medios nacionales.
El que en este caso se hizo eco sobre la gravedad de esta ley «anti-protestas» que se quiere aprobar, uno de los diarios con mayor tirada en el país, como lo es La Nación, que exalta además la vinculación afectiva y política del actual gobernador salteño con el ministro de Economía de Nación Sergio Massa.
«El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, afronta protestas masivas de autoconvocados docentes y de trabajadores de la salud. Esos sectores rechazan la paritaria cerrada con los gremios, a los que no consideran ‘representantivos’. Ayer, en tanto, la Cámara de Diputados, donde Sáenz tendrá a partir de diciembre a 26 legisladores propios sobre un total de 30, trató sobre tablas y aprobó un proyecto para regular la protesta social. La iniciativa es de la legisladora oficialista Cristina Fiore. En la votación hubo 22 abstenciones», reza un fragmento del artículo en el que La Nación expone la particularidad de esta «ley-antipiquetes».
«El lunes pasado hubo una movilización de 10.000 personas por las calles de la ciudad de Salta. Los trabajadores de la educación y la salud reclaman la equiparación de sus salarios con el costo de la Canasta Básica, que estiman en $320.000. Con el aumento acordado aseguran que están hoy en la mitad de esa suma. La semana pasada la policía salteña reprimió a los autoconvocados de la Intergremial que cortaban las vías de ingreso y salida de la ciudad de Salta, sobre la ruta nacional 9. Por el episodio, hubo 19 docentes detenidos durante 24 horas, a quienes se les inició un sumario judicial.», recordó la publicación del medio nacional.









