DNI Salta.- El Senado se ha convertido en un escenario de intensa confrontación entre el oficialismo y la oposición, centrada en tres temas clave: el presupuesto universitario, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destina $100.000 millones a la Agencia Federal de Inteligencia (Side), y la propuesta de ley de Boleta Única Papel (BUP). Mientras los dos primeros temas son impulsados por la oposición, que confía en tener los votos necesarios para su aprobación, el tercero es una iniciativa del oficialismo que el kirchnerismo busca frenar.
La falta de consenso ha complicado la agenda del Senado. La reunión de labor parlamentaria, programada inicialmente para ayer, se pospuso para hoy a las 10 de la mañana. El objetivo es definir qué temas se incluirán en la sesión de las 14, ya que la oposición insiste en tratar los tres puntos, mientras que el oficialismo se opone a incluir todos en la misma jornada.
La vicepresidenta Victoria Villarruel busca promover la Boleta Única Papel como un recurso estratégico para mitigar el impacto que tendría para el Gobierno la posible aprobación de los otros dos proyectos opositores. En particular, el proyecto de aumento de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei ha anticipado que vetará, y el rechazo al DNU de la Side, una entidad en la que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene una gran influencia.
Para asegurar el tratamiento del proyecto de Boleta Única Papel, cinco senadores presentaron ayer una solicitud para una sesión especial. Entre los firmantes se encuentran Ezequiel Atauche, jefe de la bancada oficialista; Luis Juez de Pro; Juan Carlos Romero y Carlos Espínola de los bloques peronistas; y Carlos Arce, de Misiones. Esta maniobra subraya la importancia estratégica del proyecto para el oficialismo en este momento de tensiones políticas.
En paralelo, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron un dictamen favorable al proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales. Este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero enfrenta el rechazo del oficialismo, que argumenta que el incremento comprometería el superávit fiscal.
El impacto fiscal del aumento propuesto para las universidades, que incluye mejoras salariales para docentes y no docentes, sería de 735.598 millones de pesos, representando el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo deberá ajustar las partidas presupuestarias cada dos meses, alineándolas con la inflación, para asegurar el funcionamiento de las universidades.
En el debate, el senador De Pedro defendió el proyecto, señalando que es una medida urgente para garantizar el mínimo funcionamiento de las universidades nacionales. Subrayó que la media sanción de Diputados refleja la necesidad de un «rescate» para estas instituciones educativas.
Por otro lado, Ezequiel Atauche, representante del oficialismo en la comisión, expresó la preocupación del Gobierno por el impacto financiero de este proyecto. Señaló que, aunque el financiamiento de las universidades es un tema prioritario, el incremento propuesto podría afectar seriamente las cuentas públicas, generando un dilema entre el apoyo a la educación y la estabilidad económica.
