DNI Salta.- Trabajadores que no dan abasto, maltrato, arbitrariedades, corrupción interna y también comisarías abarrotadas.
La referente de los trabajadores penitenciarios y policías retirados de la provincia, Verónica Párraga, había asegurado hace algunos días en DNI SALTA que el Servicio Penitenciario ya quedó chico, que está cuadriplicado el número de internos, igual que Alcaidía, y que no dan a basto, que solo cuentan con dos efectivos del Servicio Penitenciario para un pabellón de 150 internos, y que así es imposible garantizar seguridad, control, manejo de drogas, peleas entre presos. «Si se agarran a piñas dos policías no pueden hacer nada, descontrol», aseguró la trabajadora policial retirada.
También expuso, problemática que atañe a la fuerza de seguridad provincial en general, la falta de recursos, la ausencia de móviles, de indumentaria, de chalecos, de insumos básicos y también de preparación, por ineficiencia del Gobierno provincial y del ministro de Seguridad Marcelo Domínguez, y adelantó que demandarán penalmente en la Justicia al Gobernador Gustavo Sáenz por las graves irregularidades y por considerar que está faltando al deber de funcionario público.
Cárceles y comisarías abarrotadas
Mientras tanto, se sucede un drama paralelo que agrava la situación penitenciaria, cuando hoy ya hay funcionarios del sector imputados por corrupción interna dentro de los penales: y se trata de la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles de la provincia.
Según datos recabados por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en Salta la superpoblación carcelaria ronda el 130 por ciento. Flagelo vinculado, entre otras cosas, al exceso de prisiones preventivas dictadas por el Poder Judicial.
Edificios en pésimas condiciones
Rodrigo Solá, presidente del Comité, en declaraciones vertidas por el sitio Opinorte, expresó que “en el norte se reproduce la situación de sobrepoblación, pero es más dramática en las comisarías. Hay alrededor de 800 personas inclusive cumpliendo penas en comisarías, edificios que no tienen condiciones para alojar personas y el personal no está preparado porque son policías, no guardiacárceles. Muchos de los recursos propios de las comisarías terminan destinados a personas privadas de la libertad, inclusive para la alimentación”.
“Hay situaciones de aislamiento que es necesario modificar», advirtió, en relación a las denuncias de familiares de detenidos y condenados por situaciones de maltrato.
