DNI Salta.- La continuidad de Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN) quedó seriamente comprometida tras la presentación de un amparo judicial del PRO, que busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que designó a los nuevos auditores. La acción fue impulsada por el diputado Cristian Ritondo y apunta directamente contra los nombramientos aprobados durante una sesión extraordinaria.
Según el planteo del PRO, las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti se realizaron fuera del temario habilitado para esa sesión, lo que implicaría una violación al reglamento parlamentario. Desde el macrismo sostienen que se avanzó con una decisión institucional clave sin el respaldo formal necesario, forzando la interpretación de las normas del Congreso.
Más allá del eje jurídico, el trasfondo es abiertamente político. En el PRO cuestionan un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y gobernadores del norte, que reconfiguró el control de la AGN y dejó al macrismo al margen del reparto de cargos. La maniobra generó un fuerte malestar interno y derivó en la vía judicial como respuesta.
En ese esquema, Calletti aparece como una de las principales beneficiadas del entendimiento impulsado por el saencismo, el espacio político alineado con el gobernador Gustavo Sáenz, que en el Congreso acompañó votaciones clave contra el financiamiento universitario y las políticas de emergencia en discapacidad, en sintonía con el ajuste promovido por el oficialismo libertario.
El riesgo para la dirigente salteña es concreto. Si la Justicia hace lugar al amparo presentado por el PRO, la designación podría quedar sin efecto, exponiendo la fragilidad de un acuerdo sustentado en equilibrios coyunturales más que en consensos institucionales sólidos.
Mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso de austeridad y transparencia, la Auditoría General de la Nación, organismo central para el control del Estado, queda atravesada por una disputa política y judicial que pone en cuestión la legalidad de sus autoridades y la estabilidad de los acuerdos que las sostienen.
