Siete familias denunciaron agresiones a menores de 2 años; la acusada recibió inhabilitación para trabajar con niños.
Familiares de al menos siete niños denunciaron una serie de hechos de maltrato ocurridos durante 2023 en un jardín maternal del barrio Tres Cerritos, donde una joven sin título docente ejercía tareas de cuidado sobre menores de apenas dos años.
Perla, madre de una de las víctimas, explicó que la acusada no era maestra sino estudiante de primer año de la carrera de nivel inicial. “Se consiguió lo que esperábamos: tener un poco de paz, saber que el dolor de los niños no quedó impune”, afirmó.
Según relataron las familias, la situación comenzó a evidenciarse a partir de julio, cuando la docente titular dejó el cargo y la joven quedó a cargo del grupo. En ese contexto, los padres comenzaron a notar cambios en la conducta de los niños: rechazo a asistir al jardín, miedo, regresiones y lesiones físicas.
“Todos tenían los mismos moretones, incluso marcas de nudillos en la espalda. No les daban agua ni comida y pasaban horas en esas condiciones”, sostuvo la madre.
El caso tomó mayor dimensión en noviembre, cuando varias familias compartieron experiencias similares y decidieron avanzar con la denuncia. A partir de allí, solicitaron acceso a las cámaras de seguridad del establecimiento, donde quedaron registradas las agresiones.
Entre los episodios documentados, se observaron golpes reiterados, empujones y situaciones de violencia que incluso provocaron descompensaciones en uno de los niños. Ese material fue incorporado a la causa judicial.
Durante el proceso, la acusada reconoció su responsabilidad, aunque no pidió disculpas a las familias. Finalmente, recibió la pena máxima prevista para el delito de lesiones leves, junto con una inhabilitación por seis años para trabajar con niños, personas adultas o con discapacidad, además de su incorporación al registro de agresores.
En cuanto a la directora del establecimiento, fue absuelta en la causa. Sin embargo, las familias cuestionaron su accionar, al sostener que había sido advertida previamente sobre posibles situaciones de violencia y no tomó medidas al respecto.
El caso generó fuerte impacto y reabrió el debate sobre los controles en instituciones de cuidado infantil y la formación del personal a cargo.
