El Gobernador de Jujuy pretende prohibir por decreto que los jujeños se movilicen, imponiendo multas millonarias y despidos en el área pública a quienes salgan a protestar.
DNI Salta.- Algo similar a lo que ocurrió en Salta hace algunos días con la ley «anti-protesta» tratada en tablas y aprobada a las apuradas por los diputados y senadores de nuestra provincia, Jujuy sigue por el mismo camino.
A través de un Decreto Provincial que va a contramano de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y Leyes Laborales y Administrativas, se aplicarán multas, inhabilitación y cesantías a quienes protesten o manifiesten pacíficamente en calles o veredas en la provincia de Jujuy, por orden de su gobernador Gerardo Morales.
Las multas son «de $ 8.798.700 por persona», la inhabilitación es contra funcionarios municipales, provinciales y nacionales que participen en ellas y la cesantía es contra trabajadores estatales en general que participen en las manifestaciones. Denuncian que la Reforma Constitucional de Jujuy fue elaborada por un conjunto de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, vulnerando la autonomía política provincial.
En vísperas de una gran movilización popular que se espera para la semana del 12 al 16 de junio, el Gobierno de Gerardo Morales modificó, de forma urgente, a través del Decreto Nº 8464, la Ley Contravencional de la Provincia de Jujuy y estableció un sistema de sanciones totalmente desproporcionadas y abusivas.
Este decreto contra quienes protestan y manifiestan, establece que quienes permanezcan en espacios públicos “alterando el orden” y/o obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, deban pagar multas individuales de $ 8.798.700, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta de dos (2) años si los infractores fueran funcionarios nacionales, provinciales o municipales, otorgándole al Juez Contravencional Provincial potestades que no tiene, como la de inhabilitar a funcionarios nacionales».
Asimismo, si la infracción la comete cualquier empleado público, además de la multa, le impondrán la sanción de cesantía o despido, violando la Ley 3161 que regula el trabajo en la Administración Pública y que no contiene como motivo de cesantía la manifestación o protesta.
En caso de no dispersarse los manifestantes que estén sobre las calles o veredas, además de ser desalojados y multados, el Juez Contravencional podrá dar intervención directa a la justicia penal, o sea habilita a la doble penalización por un mismo hecho, violando garantías constitucionales vigentes desde la Primera Constitución Nacional de 1853, además de violar el Art. 14 bis de la Constitución Nacional vigente, afectando el Derecho a la Huelga, a la Asociación y a la Manifestación.
La Referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, reconocida luchadora por los derechos humanos, dio su apoyo a la lucha que llevan adelante miles de docentes en la vecina provincia de Jujuy.
Además, rechazó el intento de impedir las manifestaciones de repudio por la fuerza en un comunicado.
“Soy Nora de Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Apoyamos la lucha del pueblo jujeño en contra de las leyes que perturben la libertad de expresión. A los docentes de Jujuy.
Repudiamos la actitud del gobernador Morales de querer imponer por la fuerza una prohibición de las expresiones de repudio a esta ley que quiere hacer el gobernador Morales”.
