[VIDEO] Más de 200 docentes estafados por la protegida del Gobierno Patricia Argañaraz llevan cuatro años esperando una sentencia

    DNI Salta. Más de 200 docentes estafados. Fraude millonario en el siempre oficialista gremio de la Asociación Docente Provincial (ADP) a través de un fideicomiso mediante el cual se prometía casas para docentes activos y jubilados. Pagaron cuotas onerosas por viviendas que nunca existieron y al día de hoy algunos fallecieron esperando justicia. La causa se inició en 2019 y la Justicia salteña sigue mirando para otro lado.

    Injusticia por donde se lo mire. Más de 200 docentes salteños fueron estafados desde 2016 por quienes por entonces comandaban el gremio más oficialista y obsecuente al Gobierno provincial de turno dentro de la docencia, la Asociación Docente Provincial (ADP).

    Pasaron siete años de estos hechos, y cuatro desde el momento en el que se abrió la causa que fue elevada a juicio, pero al día de hoy, más de cien familias estafadas siguen esperando que la Justicia salteña, lenta y tediosa cuando quiere, se expida contra la sindicalista cómplice y protegida del poder, Patricia Argañaraz, y su banda, quienes en nombre de la ADP perpetraron una estafa millonaria.

    Más de 200 docentes estafados

    Un grupo de docentes salteñas, en representación de las más de cien familias estafadas, acudieron esta semana al estudio televisivo de DNI SALTA para visibilizar y recordar el escandaloso caso que estuvo en el centro de la escena durante años, y para exigirle a la Justicia de Salta que se expida de una vez, resarciendo a los damnificados y condenando a los responsables de una millonaria estafa con escasos precedentes en la provincia, de la que se habla de mucho más de 100 millones de pesos defraudados.

    Y le pidieron incluso entre lágrimas mirando a la cámara de DNI SALTA justicia al juez de la causa Pablo Muiños.

    Cabe recordar que la polémica y enjuicidada Patricia Argañaraz, cuando era titular de la ADP, junto a miembros de su comisión, en el año 2016, abrieron un fideicomiso denominado «Virgen de Urkupiña», el cual prometía el acceso a viviendas para maestros activos y jubilados mediante el pago de una onerosa inscripción, y costosas cuotas mensuales que salían del bolsillo de los y las trabajadoras de la educación afiliados al gremio en cuestión.

    Patricia Argañaraz

    Sin embargo, estas viviendas nunca existieron, los docentes estafados no recibieron nada, y todo se trató de un vil engaño pergeñado por una asociación delictiva, con Patricia Argañaraz a la cabeza, su hermano, y otras personas que por entonces conformaban la mesa directiva de la ADP.

    Estos hechos se denunciaron en 2019, año en el que se abrió la causa en la Justicia salteña. Tres años después, la causa se elevó a juicio.

    Para situarlo en contexto, cabe recordar que en aquella oportunidad, el Juez de Garantías Nº 2, Ignacio Colombo, resolvió elevar a juicio la causa que involucra a Patricia Argañaraz, ex secretaria general de ADP, y Ana María Cerezo, por entonces tesorera del gremio, quien hoy insólitamente sigue permaneciendo dentro del gremio; imputadas como coautoras de los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos) contra de los afiliados del gremio. También se elevó juicio, en calidad de co-autores y participes necesarios, Raúl Argañaraz, hermano de la cabecilla de estos hechos, y Nicolás Demetrio Zissi (quien era pareja de Argañaraz).

    Burocracia pura

    La causa se había solicitada que se remita a juicio por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en octubre del año 2021. Varios meses después llegó la elevación a juicio. Hoy, cuatro años después de las denuncias y la apertura de la causa, la Justicia salteña para con este caso es pura burocracia, ineficiencia, lentitud, y los estafados y familiares exigen que no se dilaten más los tiempos y que haya condena justa para los estafadores.

    Marita Cerezo

    Cabe remarcar que Patricia Argañaraz, la principal imputada y por entonces cabeza directriz del históricamente obsecuente gremio alineado al poder de turno, es una protegida del poder, que defendió siempre los intereses del Gobierno por encima de los de los enseñantes, como lo fue en sus tiempos de titular de la ADP.

    ¿Cómo hace una simple maestra, como Patricia Argañaraz, para tener un fideicomiso millonario, como fue en su momento la farse de «Vírgen de Urkupiña». La cuestión, por donde se la mire, no cierra. Y no es difícil estimar que alguien más haya salido favorecido por detrás de Argañaraz y sus secuaces, recibiendo alguna comisión por estas estafas, que incluyeron hasta documentación y boletos de compra-venta irregulares.

    Las voces de las docentes indignadas en DNI SALTA

    Las docentes damnificados, a través de Emilse, Adriana, Lula y Julia, eligieron a DNI SALTA para exigirle a la Justicia salteña que apuren los plazos y salga la sentencia que están esperando desde hace años. Lo que torna aún más triste la impotencia de los estafados por la lentitud de los jueces a cargo, es que algunos docentes perjudicados ya fallecieron luchando con esta angustia, y muchos de los que hoy siguen reclamando están teniendo perjuicios económicos cada vez más graves. Necesitan que les devuelvan ese dinero y que se castigue a Patricia Argañaraz y su grupo.

    «Este fideicomiso llamado ‘Vírgen de Urkupiña’ nace en 2016 cuando estaba Patricia Argañaraz como secretaria general, de la mano de Marita Cerezo, que sigue estando hoy en el gremio, eso es indignante. El plan consistía en conseguir viviendas para docentes que no podían acceder a través del IPV. Un docente ingresaba, pagaba el terreno y luego cuotas. Yo pagué 245 mil pesos para el terreno en aquel año. Hay docentes que entregaron hasta un millón y medio de pesos de ese entonces. Lleva más de cuatro años la causa y sigue en borrador», explicó una de las docentes denunciantes, en diálogo con Abel Díaz, desde el estudio de DNI SALTA.

    «Incluso nos mostraron maquetas de las viviendas. El sueño de la vivienda propia terminó siendo una pesadilla. En aquel 2016 cobraban 145 mil pesos, que por entonces era una fortuna, y supuestamente con dar esa entrada uno tenía pagado todo el terreno, y posteriormente había que pagar para la construcción de las viviendas. Yo tenía mis ahorros de tantos años de trabajo en el interior, en Iruya, donde enseñé, y desde que me recibí era afiliada a la ADP, confié y me engañaron. Creí en las personas, nunca me imaginé que nuestro propio gremio nos iba a estafar así, es impensado que hasta el día de hoy Cerezo sea tesorera del gremio. Y Argañaraz nunca nos dio la cara», expresó entre lágrimas Adriana Bayón, docente jubilada vilmente engañada por Argañaraz, Cerezo y compañía.