DNI Salta.- El prestigioso abogado y exlegislador cerrillano Roberto Tomás Aranda expresó que el jefe comunal está incurriendo en «un delito» al incumplir en el tiempo y en la forma la publicación de los boletines oficiales.
El intendente de Cerrillos Enrique Borelli, que hace algunos días fue noticia por la denuncia de abandono de persona de los familiares de dos trabajadores municipales, uno de los cuales se accidentó en horario laboral, y otro sufrió un ACV que lo dejó en grave estado, vuelve a estar en el tapete por graves irregularidades ligadas a la carta orgánica municipal, la publicación de los boletines oficiales y polémicos nombramientos en el Ejecuivo Municipal.
Sucede que en Cerrillos el Boletín Oficial de la Municipalidad no está funcionando de manera correcta, con graves incumplimientos desde que asumió Borelli, quien no cumplió en los tiempos ni en las formas, saltándose resoluciones y alterando la correlatividad.
Cerrillos estuvo sin Boletín Oficial durante un mes, cuando se estipula que cada 15 días se tiene que publicar, algo que fue causal de denuncia en la gestión de Yolanda Vega en Cerrillos.
Polémicos nombramientos
Otra cuestión poco clara del polémico intendente fue su resolución Nº 1068/2023 que estipula controvertidos nombramientos de funcionarios, sin estipular a ciencia cierta desde cuándo los tiene y cuánto se le está pagando a cada funcionario. En la misma se creó la figua de «cargo político» dentro del organigrama municipal que, según denuncias de vecinos, se trataría de una manera de introducir en la planta estatal a «ñoquis y punteros políticos».
En diálogo en vivo con el programa Código C, por DNI SALTA, conducido por Adrián Cabana Flores, estuvo el prestigioso abogado y exlegislador cerrillano Roberto Tomás Aranda, quien expuso sólidos y contundentes fundamentos técnicos sobre por qué el intendente de Cerrillos está incurriendo en delitos.
«Violación de derechos»
«El Boletín Oficial es un instrumento indispensable para el funcionamiento de las instituciones. Había que dictar una norma que reglamente la aplicación de ese instrumento en la comunidad. Ese proyecto es de mi autoría y está en vigencia, pero se desnaturalizó. Porque se violaron dos o tres principios fundamentales. El Boletín Oficial es una herramienta indispensable de formación y de información. Formación porque las leyes no se terminan de elaborar hasta que no son publicadas. Y este requisito no existía en Cerrillos antes de mi gestión», expresó el abogado.
«Cerrillos fue el primer municipio que creó su Boletín Oficial digital. Era un orgullo para Salta, pero no tuvimos la responsabilidad de sostener esto como un gran logro que se replicó en otros municipios, porque el legislador dicta y sanciona la norma, el Ejecutivo la promulga, pero a la comunidad recién le es exigible cuando se publica. Y ahí se están violando derechos. Porque si no se publica respetando la cronología y los plazos procesales y su contenido, se están cercenando derechos. Porque la comunidad recién puede articular sus derechos a oponerse a una norma, cuando ésta se publica», amplió su concepto en DNI SALTA el exlegislador de Cerrillos.
Privación ilegítima
«La comunidad no sabe, pero cualquier ciudadano puede oponerse al dictado de una norma, y pedir su inconstitucionalidad individual o general, y oponerse judicialmente y paralizarla a su aplicación si la considera injusta. Pero ese plazo, que es de 30 días corridos, comienza a correr desde el día de su publicación. Y acá están violando derechos, están alterando el sistema constitucional de información. Están incurriendo en un delito, que es privación ilegítima del derecho a oponerse», explicó.
«Esta mala interpretación de que es una facultad del Ejecutivo publicar o no boletines oficiales, y publicarlos en el orden que quiera, es una distorión absoluta de la norma constitucional y de la norma reglamentaria. Porque es obligatorio respetar la prioridad temporal, la prioridad cronológica y el contenido. Deben dar fe de contenido, eso de modificar las fechas es falsedad ideológica de instrumento público, es falsificar. Porque eso le impide a la comunidad conocer tal cuál cómo se dictó una norma. Es muy grave», concluyó Aranda.
