DNI Salta.- graves irregularidades. Una concejal denunció penalmente al intendente Pablo González, por incumplimiento a los deberes de funcionario público, ocultamiento y adulteración de datos públicos.
La concejal Alejandra Pato, quien a través de informes solicitados hace algunos días confirmó que alrededor de 200 personas forman parte de la planta política de la Municipalidad de Orán, por las cual se abona más de 35 millones de pesos mensuales; ahora radicó una denuncia penal.
La misma tiene como destinatario al propio intendente de Orán, Pablo González, por incumplimiento a los deberes de funcionario público, ocultamiento y adulteración de datos públicos.
graves irregularidades
La lista de funcionarios con sueldos millonarios incluye los contratos del Concejo Deliberante y los de la Municipalidad, indica el nombre del empleado/a, el área y/o la actividad que cumple y el monto que perciben como sueldo.
Según manifestaron algunos legisladores locales, les llama la atención los importes indicados, pues aseguran que serían mayores a los que figuran en el informe y también remarcaron que algunos, no tienen una tarea específica, sino que figuran con “tareas varias”.
Según el mismo informe que fue pedido a la Municipalidad, en la actualidad existen 199 cargos, cifra que incluye a la planta política. Uno de los datos expresa que el director de tránsito, Raúl Figueroa, percibe un sueldo mayor al del intendente ($366.348,81), siendo el sueldo del jefe comunal de Orán $360.835,83.
Por otro lado, se hace mención que entre los cargos del Concejo Deliberante existen ocho en concepto de honorarios sin establecer remuneración alguna, es decir, no se declara el monto que perciben a pesar de que se encuentran trabajando.
También existen cuatro cargos de comisionados percibiendo sueldos en Río Blanquito, Los Naranjos, Angosto del Paraní y San Andrés, que están sin mandato legalizado por el Concejo Deliberante y sin informe sobre la ordenanza que faculta el nombramiento de dichas personas. Por ello, pide que se investiguen estos cargos y la ordenanza que autoriza dichos nombramientos. Interviene la Fiscalía Penal 3.
