DNI Salta.- Tras los 27 allanamientos a dirigentes sociales realizados por la Justicia Federal, bajo la denuncia de que habrían «exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’», este lunes por la noche trascendieron algunos de los chats que revelarían un sistema extorsivo de control y sanciones.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales expongan amenazas de los dirigentes piqueteros. En todo el país se contabilizaron 924 denuncias y 45 correspondían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Me cortaron el Potenciar Trabajo por tener un pensamiento distinto, porque en la asociación en la que estaba hicieron una reunión y a los que no pensábamos igual nos hicieron a un lado”, dice un hombre en un audio que difundió Infobae.
“Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”, aseguró otro hombre, y detalló que “a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”. Si se ausentaban en más de tres marchas le daban de baja al plan, completaba el relato no verificado.
“Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagás los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de ‘cuadrilla’ a ‘beneficiario común’”, declaraba otro testigo, en referencia a una estructura jerárquica que se investiga, en la que los aspirantes eran parte de una “lista de espera”, para luego ser “beneficiarios comunes” y, al sumar experiencia, tareas o movilizaciones, se convertían en “nexo”, “cuadrilla” o “esencial”. Los escalafones más altos serían “delegados” y, por encima de todo, los “referentes”.
También hay menciones a supuestas situaciones de violencia: “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor, que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo”. Otra persona declaró: “Las amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome”. Asimismo, se investiga si los dirigentes le habrían pedido a los beneficiarios que vendieran al público alimentos y productos de programas del ex Ministerio de Desarrollo Social y si habrían canalizado los «fondos ilícitos provenientes de las extorsiones» mediante cooperativas.
Los chats: “La repartición es como siempre, sólo a los que tienen movilización”
El fiscal Gerardo Pollicita citó a los denunciantes a declarar y se prosiguió con escuchas telefónicas de los sospechosos, contrastación de informes de la AFIP, el INAES y el Ministerio de Capital Humano, y una investigación de la policía Federal. Pollicita pidió allanar, detener e indagar a los sospechosos, mientras que el juez federal Sebastián Casanello priorizó tomar declaraciones testimoniales, hasta que la Cámara Federal dispuso los allanamientos de ayer, en los que no se realizaron detenciones.
Durante los allanamientos que hicieron pública esta causa se secuestraron «dispositivos electrónicos de los imputados, planillas o cuadernos —donde se presume que tomaban asistencia o registros de pagos—; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionan como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo», acorde a lo que consigna el expediente.
Con el secuestro de los dispositivos electrónicos se pudo acceder a chats y, según se lee en capturas que compartió La Nación, los referentes de organizaciones habrían implementado un sistema de control y sanciones sobre los beneficiarios de planes sociales, que incluye listados de asistencia a movilizaciones, días de castigo, cumplimiento de sanciones (se especula que con trabajo e imposición de multas que llegaban a los miles de pesos), la necesidad de justificar faltas a movilizaciones con turnos médicos o comprobantes de trámites y la privación del beneficio de retirar alimentos.
“¿La falta justificada no sirve como marcha?”, consultaba una persona en agosto y le aclaraban que no. “Porfa pasá algún comprobante de tu turno así queda constancia de que es un ausente con aviso y justificado”, solicitaba otro dirigente. «Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”, se lee en el WhatsApp de una vecina, que habría sido sancionada internamente por no ir a una marcha.
Un dirigente escribió en un chat de septiembre del 2023 que “son muy pocos los que movilizan por conciencia”, por lo que decidió que la marcha que apoyaba la reforma del impuesto a las Ganancias, que antes era una invitación, pasase a contarse como “movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo y, sea quien sea, si tenemos que avanzar con una recategorización lo voy a hacer”, advertía. En diciembre, otro chat evidencia múltiples consultas con casos particulares de personas que marcharon o no, buscando saber si podían retirar pollo o un envío navideño, por lo que su referente contestaba: “Compas, la repartición es como siempre, sólo los que tienen movilización”.
Quiénes son los dirigentes sociales imputados
Se informó que son 28 los imputados en esta causa, integrantes del Polo Obrero, el movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Se trata de Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
