DNI Salta.- Salta quedó en el centro de una grave investigación judicial que involucra la entrega fraudulenta de cerca de 20 mil pensiones no contributivas por invalidez, en el marco de una auditoría nacional que apunta a desmontar una red de corrupción con ramificaciones en varias provincias.
Según revelaron fuentes judiciales a El Tribuno, la causa está “muy avanzada” y su presentación pública sería inminente. “Estamos detrás de quienes facilitaron estas pensiones, buscando desarmar la cadena completa del fraude”, detallaron.
La pesquisa se inició tras detectar que un médico de Joaquín V. González extendía certificados médicos falsos a personas de Taco Pozo, en Chaco. Ese caso derivó en una causa penal que se tramita en la Justicia Federal, y expuso un esquema más amplio que ya salpica a toda la provincia de Salta.
El fiscal federal Carlos Amad, que dirige la investigación, fue contundente: “Lo de Taco Pozo es grave, pero lo que ocurre en Salta es mucho más grande. Estamos hablando de billones de pesos”, declaró en FM Infinito 96.5.
El fraude, según Amad, involucra a médicos que firmaban certificados truchos, bioquímicos que convalidaban análisis falsos, administrativos que armaban los expedientes y hasta personal de Buenos Aires que daba luz verde a los trámites. “Esto configura una asociación ilícita”, advirtió.
El caso de Taco Pozo fue el primero en prender las alarmas: un pueblo de apenas 10.000 habitantes donde se otorgaron 740 pensiones irregulares entre 2020 y 2023. Ya hay 13 imputados, entre ellos el intendente Carlos Ibáñez, funcionarios de Anses y tres médicos, incluido Rafael Azañero Anaya, exdirector del hospital de Joaquín V. González.
Azañero emitía certificados falsos desde su consultorio en Salta, por los cuales se cobraban hasta $30.000. En muchos casos, los estudios presentados eran duplicados, falsificados o directamente ridículos, como el de una radiografía de un perro, que fue aceptada como prueba médica en 2022.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) impulsa una auditoría sin precedentes, donde apenas 7 de cada 100 pensiones auditadas cumplen con los requisitos legales. En Salta se revisan 58.223 beneficios, una cifra superior a los de Jujuy y comparable con los de Chaco.
Entre los municipios más comprometidos figuran El Quebrachal, Talavera y Joaquín V. González. La revisión incluye cruces de datos médicos y socioeconómicos, y podría derivar en la baja de más de 500.000 pensiones en todo el país.
El vocero presidencial Manuel Adorni también se refirió al escándalo: “Una misma radiografía de un hombro roto fue utilizada en 150 trámites distintos. ¿Cómo nadie en la Andis lo detectó?”, cuestionó.
Entre 2003 y 2023, las pensiones por invalidez se multiplicaron por 15, de 79.000 a más de 1.2 millones. Solo en el último año, el Estado habría perdido más de 3.400 millones de dólares por este tipo de maniobras fraudulentas.
