DNI Salta.- El gobernador Gustavo Sáenz vuelve a quedar en el centro de la polémica tras revelarse que utilizó el avión sanitario de la provincia para viajar a Cafayate y asistir a la Serenata, uno de los festivales folclóricos más importantes de Salta. La decisión generó indignación en las redes sociales, donde se cuestiona el uso de recursos destinados a emergencias médicas para fines personales.
El viaje, que tomó apenas 10 minutos, reavivó las críticas sobre el manejo discrecional del avión provincial. Muchos ciudadanos se preguntan si el mandatario usa esta aeronave como un “taxi personal”, en lugar de destinarla exclusivamente a traslados de urgencia, tal como está estipulado.
No es la primera vez que Sáenz es señalado por utilizar bienes públicos con fines particulares. En otras ocasiones, se denunció que empleó el avión para viajes de descanso y actividades ajenas a la gestión. Mientras tanto, la provincia enfrenta serios problemas de desocupación, inseguridad y un sistema de salud colapsado.
El malestar crece aún más debido a que el gobierno provincial tomó medidas restrictivas en salud pública, como dejar de atender gratuitamente a extranjeros, bajo el argumento de reducir gastos. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobernador dispone de recursos estatales para viajes no esenciales.
Ni siquiera el argumento de una “agenda apretada” justifica el uso de la aeronave en este caso, dado que el trayecto de Salta a Cafayate puede realizarse por vía terrestre sin mayores inconvenientes. Además, el costo operativo del avión representa un gasto considerable para el Estado, lo que refuerza la percepción de un uso arbitrario del mismo.
Una vez en Cafayate, Sáenz no solo asistió al festival, sino que también subió al escenario mayor para cantar, como si fuera una estrella del folclore. Este gesto, lejos de ser bien recibido, fue interpretado por muchos como una muestra de desconexión con la realidad de la provincia.
El uso del avión sanitario para este tipo de traslados reabre el debate sobre la ética en la administración de los recursos públicos. La ciudadanía se pregunta hasta qué punto algunos dirigentes comprenden las necesidades reales de la población y si están verdaderamente comprometidos con la gestión responsable del Estado.
