DNI Salta.- El Gobierno de Javier Milei avanza en un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de endurecer las penas para delitos graves y garantizar que la prisión perpetua sea de cumplimiento efectivo, sin reducciones ni beneficios. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia, será presentada el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Principales cambios en el Código Penal
El texto de la reforma, finalizado en octubre del año pasado, propone la eliminación de la libertad condicional para los condenados a prisión perpetua. En la actualidad, la ley permite acceder a este beneficio tras 35 años de cumplimiento efectivo, pero el nuevo Código establecería que la condena sea de por vida sin excepciones.
Además, se prevé un aumento en las penas para delitos considerados graves, como la violación, cuya sentencia máxima pasaría de 15 a 20 años, e incluso podría sancionarse con prisión perpetua en casos agravados.
Desde el oficialismo argumentan que las penas actuales son insuficientes y que el sistema no disuade a los delincuentes. «Hoy entran y salen al día siguiente, entonces, ¿cuál es el miedo a cometer un delito? Queremos castigar más al delincuente», sostuvo un funcionario del Ministerio de Justicia.
Actores involucrados en la reforma
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, encabeza los cambios junto a un equipo de asesores liderado por el abogado y doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre. También participan el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y un grupo de jueces y juristas, entre ellos Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez.
Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trabaja en un proyecto para la construcción de cárceles privadas con el objetivo de aliviar la sobrepoblación carcelaria. «Hasta que no cambiemos el sistema penitenciario, la cárcel hoy es un posgrado en delito», admitió un funcionario.
Impacto y debate legislativo
Actualmente, en Argentina hay más de 56.000 personas condenadas, de las cuales aproximadamente 2.500 cumplen prisión perpetua. La reforma impulsada por el Gobierno marcaría un cambio profundo en la política penal, endureciendo el castigo para los delitos más graves.
El debate en el Congreso será clave para definir el alcance de estas modificaciones y su impacto en el sistema judicial y penitenciario del país.
