DNI Salta.- Tras más de 13 años de impunidad, la investigación del asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en Salta, será retomada por una nueva comisión fiscal investigadora. La Unidad estará integrada por María Luján Sodero Calvet, Pablo Paz y Gabriel González, quienes tendrán a su cargo la continuidad de una de las causas más complejas de la provincia.
El equipo fue designado luego del fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, único condenado en la causa, al considerar que su derecho a ser juzgado en un plazo razonable había sido vulnerado.
Un nuevo enfoque en la investigación
🔹 La nueva Unidad Fiscal recolectará nuevas evidencias y realizará una reevaluación de las pruebas existentes.
🔹 Se aplicará un análisis exhaustivo y multidisciplinario, con herramientas tecnológicas y científicas actualizadas.
🔹 Un Juez de Instrucción en Transición será designado por sorteo para supervisar el caso.
Además, se recurrirá a la Ley 26.196, que regula la cooperación judicial entre Argentina y Francia en casos penales. Esto permitirá solicitar asistencia científica y forense a las autoridades francesas.
Fiscales con experiencia en causas polémicas
Los tres fiscales designados han trabajado en casos complejos y controversiales en Salta:
María Luján Sodero Calvet: Actualmente a cargo de la Unidad de Femicidios, participó en la reapertura del caso de Yanina Nüesch y Luján Peñalva, dos jóvenes que fueron halladas colgadas en un descampado y cuyo caso inicialmente fue archivado como suicidio.
Pablo Paz: Exintegrante de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, fue apartado de la causa Jimena Salas y sumariado por supuestas irregularidades en la investigación.
Gabriel González: Forma parte de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas y tiene experiencia en delitos de alto impacto.
Un compromiso con la verdad
El relanzamiento de la investigación busca dar respuesta a las familias de las víctimas y evitar que el caso quede impune. Además, refuerza el compromiso del Estado argentino con el acceso a la justicia y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Con la designación de la nueva unidad fiscal, se espera que la causa avance en la búsqueda de nuevos responsables y en la verdad que aún se les debe a las víctimas y a la sociedad.
