DNI Salta.- La comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta se reunió con la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Fabiana Ávila, para analizar el impacto de las auditorías iniciadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre las pensiones no contributivas por invalidez. La convocatoria respondió a la creciente preocupación de beneficiarios, especialmente en regiones del interior afectadas por las recientes inundaciones provocadas por los ríos Pilcomayo y Bermejo.
La reunión fue encabezada por la diputada Laura Cartuccia, quien planteó la necesidad de conocer en detalle la respuesta del Ejecutivo provincial frente a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en el marco del proceso de revisión dispuesto por la Resolución 187/2025 de Andis.
Durante su exposición, Ávila reconoció que la resolución generó una fuerte inquietud en los sectores más vulnerables y confirmó que el operativo de auditoría está a cargo de la empresa Los Lapachos, contratada por Nación. Aclaró que la Provincia no participó ni en la selección ni en la organización de dicho proceso, por lo que no tiene injerencia en los cronogramas, puntos de atención ni logística.
“No se puede permitir que, por una cuestión de distancia o falta de información, se pierdan derechos esenciales. La pensión, en muchos casos, es el único ingreso que tiene una familia”, remarcó Ávila. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno salteño articuló con organismos locales para atender los reclamos y que el tema será llevado al Consejo Federal de Salud (Cofesa) en los próximos días.
Reclamos desde el territorio
Varios diputados aprovecharon la reunión para compartir casos concretos. Coincidieron en que los principales problemas son la falta de comunicación clara, la asignación de turnos en lugares de difícil acceso, demoras en la atención y cancelaciones sin previo aviso. Además, expresaron su preocupación por la situación de personas con movilidad reducida o sin medios de transporte, que no pueden cumplir con los requisitos del proceso.
Desde la Legislatura advirtieron que la revisión de pensiones, si no contempla la realidad territorial, podría terminar afectando derechos básicos. La comisión se comprometió a dar seguimiento al tema y solicitar mayores garantías al Estado nacional para que ningún beneficiario quede desprotegido.
