DNI Salta.- Un reciente fallo judicial que beneficia a Raúl Ricardo “Coya” Rojas, narcotraficante condenado a prisión perpetua por graves delitos, desató una fuerte controversia institucional. El juez de Cámara del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, Domingo José Batule, declaró inconstitucional el régimen de aislamiento que se le aplicaba en el penal de Ezeiza, permitiéndole acceder a una serie de beneficios.
A partir de esta decisión, Rojas podrá permanecer fuera de su celda durante ocho horas diarias, recibir visitas con contacto físico, acceder a programas de educación, asistencia psicológica, trabajo y mantener un vínculo más fluido con su abogado defensor.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, anunció que apelará la resolución. En tanto, el fiscal federal Carlos Amad confirmó que trabaja en un recurso de casación para revertir el fallo y evalúa denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura. “Estamos elaborando un recurso contundente y no descartamos accionar por la vía disciplinaria”, afirmó.
Desde el Gobierno, la reacción fue enérgica. “Podemos blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos, pero con un solo juez pro delincuentes se tira todo por la borda”, escribió Bullrich en sus redes sociales. La cartera que dirige advirtió además que el fallo podría permitir a Rojas retomar el control de su organización delictiva desde la cárcel, como ya ocurrió cuando estuvo preso en General Güemes.
Batule justificó su decisión en tratados internacionales y principios constitucionales. Alegó que mantener a Rojas 20 horas al día en aislamiento vulnera sus derechos humanos, según las Reglas Mandela de la ONU y observaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El juez aseguró que el régimen afecta la salud mental del detenido, su derecho a la defensa y sus vínculos familiares.
La defensa de Rojas había argumentado que desde su traslado a Ezeiza no había podido casarse ni ver a sus hijos, y que no contaba con contacto regular con su abogado. A pesar del extenso prontuario de Rojas —que incluye homicidio calificado, intento de asesinato, contrabando agravado y liderazgo narco—, Batule hizo lugar al planteo.
El fiscal Amad recordó que otros jueces, como Gabriela Catalano y la Cámara Federal de Apelaciones, ya habían rechazado presentaciones similares, por lo que considera el fallo de Batule como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
Mientras tanto, tanto el Ministerio como la Fiscalía avanzan en sus respectivas apelaciones y en la evaluación de medidas contra el magistrado. El caso reavivó el debate sobre el alcance del garantismo judicial frente a delitos de alto impacto social como el narcotráfico.
