DNI Salta.- La decisión de conceder un mes de prisión domiciliaria a Lautaro Teruel, condenado por delitos contra la integridad sexual, generó controversia en Salta. Este beneficio, contemplado en la legislación argentina bajo condiciones estrictas, como enfermedades graves o situaciones humanitarias excepcionales, ha sido duramente cuestionado por la Fiscalía Penal N° 1, que busca revertir la medida judicial.
Uno de los puntos más criticados fue la falta de consideración del riesgo de fuga o el incumplimiento de la pena. Aunque el juez ordenó la prohibición de salir del domicilio salvo para tratamientos médicos, no implementó dispositivos electrónicos de control, como exige el artículo 33 de la Ley 24.660. Tampoco se establecieron protocolos claros para supervisar el cumplimiento de la medida, incluyendo detalles sobre los traslados para atención médica o la frecuencia de los mismos.
El fiscal Gustavo Torres Rubelt señaló que la resolución no se fundamenta en elementos sólidos que justifiquen la prisión domiciliaria. Afirmó que no se acreditó la incapacidad del Servicio Penitenciario para brindar el tratamiento necesario ni la existencia de condiciones de hacinamiento que afecten la salud del condenado. Además, criticó que la ausencia de una Junta Médica no justifica por sí sola la concesión del beneficio, ya que el juez debió recurrir a otros profesionales para evaluar la situación.
Desde la Fiscalía, se enfatizó la importancia de que las decisiones judiciales respeten el debido proceso y estén debidamente fundamentadas. Con la apelación presentada, se busca garantizar que Teruel sea trasladado nuevamente a un establecimiento carcelario, donde pueda recibir el tratamiento necesario conforme a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de la pena y los derechos de todas las partes involucradas.
