Polémica en Salta por designaciones en el control de comedores y merenderos

    DNI Salta.- Una polémica surge en Salta debido a las designaciones para el control de comedores y merenderos en el marco del «Plan de control y regularización para el óptimo funcionamiento de comedores/merenderos ex Programa Unidos».

    Facundo Ovalle, hermano de Daiana Ovalle, secretaria de Desarrollo Social, ha sido señalado, presuntamente, por haber cobrado el Potenciar Trabajo mientras era empleado del Gobierno provincial.

    El programa, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Social a cargo de Juan Pablo Linares, establece una serie de requisitos para estos espacios de contención, incluyendo la inscripción como Asociación Civil, la presentación de un informe socioambiental elaborado por un trabajador social, la fotocopia del DNI de las personas que asisten, y la presentación de una planilla de asistencia con datos de los concurrentes.

    Desde la Municipalidad de Salta se ha anunciado este plan, generando críticas debido a la aparente falta de comprensión sobre el funcionamiento real de estos espacios, donde la prioridad es brindar alimentos a quienes lo necesitan. Se destaca la dificultad de cumplir con requisitos como la fotocopia del DNI, cuyo número puede variar, especialmente en contextos de crisis.

    Además, se ha generado controversia por la designación de «comuneros», quienes tendrán asignadas diferentes zonas de la ciudad para supervisar los comedores y merenderos. Según trascendidos, recibirían una suma de 1,800,000 pesos por este trabajo.

    Entre los designados se encuentran José González, histórico activista político, ahora a cargo de la zona 5, y Rossana Del Frari, exbetinista y durancista, a cargo de la zona 3 en el oeste.

    Llama la atención la designación de Facundo Ovalle como «comunero» en la zona oeste, especialmente considerando las acusaciones sobre su participación en el cobro del Potenciar Trabajo mientras trabajaba en el Gobierno provincial.

    Estas designaciones generan cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la implementación del plan de control y regularización.