DNI Salta.- La Justicia Federal solicitó cuatro años de prisión efectiva para Carla Cordero, quien fue directora de la Diversidad en Tartagal durante la intendencia de Mario Mimessi, actual ministro de Desarrollo Social de Salta. La medida fue solicitada por el fiscal federal Marcos Romero, quien pidió la elevación a juicio de la causa por defraudación contra la administración pública, en el marco del uso fraudulento del programa nacional Acompañar.
Además de Cordero, el pedido de pena alcanza a su exsecretaria Sandra Domínguez, su hijo Lautaro Tomás Hurtado, y la empleada Celeste Abigail Robles, todos acusados de participar en una maniobra mediante la cual se inducía a mujeres a simular ser víctimas de violencia de género para acceder al programa Acompañar, del cual luego debían entregar parte del dinero a las funcionarias bajo amenazas de ser excluidas.
Las denuncias que destaparon el caso
El hecho se remonta a 2021, cuando varias beneficiarias relataron en medios locales que eran obligadas a entregar un porcentaje de los fondos recibidos. La denuncia formal fue presentada por los entonces concejales Nicolás Arce, Ernesto Restom y Elba Rodas, con asesoramiento legal del abogado Alexis Rambert Ríos. A la causa se sumó también la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, como querellante.
Una de las beneficiarias, Grecia Nahir del Milagro Arias, fue clave al negarse a seguir entregando dinero y realizar la denuncia penal en la Comisaría 45 de Tartagal.
Juicio, relaciones políticas y nuevo escándalo
La Fiscalía también solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a cuatro veces el perjuicio económico causado. El caso toma mayor relevancia por los vínculos políticos de Cordero: está sentimentalmente relacionada con Farid Obeid, actual funcionario provincial y exvocal del Tribunal de Cuentas durante la gestión Mimessi.
Este escándalo se suma a otro anterior dentro de la misma administración: el de la exconcejal Alejandra Paola Díaz, condenada por la venta ilegal de ayuda social destinada a comunidades originarias, caso en el cual tampoco hubo sanciones políticas durante su mandato.
Desde la Fiscalía, el abogado Rambert Ríos remarcó que “se trata de hechos gravísimos, más aún cuando se utiliza el sufrimiento de mujeres reales como instrumento de estafa”. La elevación a juicio ya fue formalmente solicitada y se espera la confirmación de fecha en los próximos días.
