DNI Salta.- En el marco de su estrategia de ajuste del Estado, el Gobierno, bajo la firma del presidente Javier Milei, oficializó la derogación de los contratos de los empleados públicos que ingresaron en el presente año.
A través del Decreto 84/2023, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada del martes, se confirma la implementación de esta medida. Adicionalmente, se anuncia una revisión de la situación laboral de los trabajadores estatales que han estado en funciones antes de 2023.
El artículo 1° del decreto establece que «las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas». Esta disposición abarca a empleados temporarios y de otras modalidades de contratación cuyos contratos concluyan el 31 de diciembre de 2023, afectando a la administración nacional y a entes públicos como la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Fuentes oficiales estiman que esta medida impactará a alrededor de siete mil empleados de diversas áreas gubernamentales, excluyendo a aquellos que desempeñan funciones en empresas o sociedades estatales. Se exceptúa también a los empleados de planta permanente, así como a las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otras protecciones especiales, y al personal que haya cambiado su modalidad laboral después del 1 de enero de 2023.
Se oficializó con un decreto la derrogación de los cargos mas recientes
El decreto permite la renovación de contratos «de manera restrictiva y fundada» únicamente para aquellos cuya continuidad sea considerada indispensable por razones impostergables de funcionamiento, limitando su extensión a un máximo de noventa días corridos.
El texto también destaca que el Gobierno llevará a cabo un «relevamiento exhaustivo» de los empleados cuya fecha de ingreso sea anterior al 1 de enero de 2023, evaluando la necesidad de su continuidad. La renovación de contratos deberá ser debidamente fundamentada y no podrá extenderse más allá de noventa días corridos.
En los considerandos del decreto, se hace referencia a la próxima caducidad de contratos que, según la normativa vigente, tienen una duración de doce meses, siempre que no excedan el período presupuestario en curso. La medida se presenta en el contexto del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, que modificó la ley de Ministerios con el objetivo de racionalizar recursos, lo que implica una revisión de todas las contrataciones realizadas.
Asimismo, el Gobierno prorrogó la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, establecida por el gobierno anterior en julio de 2022. El decreto 77/2023 extiende esta prohibición hasta el 31 de marzo de 2024.
Esta serie de medidas se suma al reciente decreto que busca desregular la economía y precede a la presentación en el Congreso de un paquete de proyectos de ley que ampliará el plan del Gobierno de Milei, incluyendo propuestas como el congelamiento de salarios de empleados públicos y la posible reducción de los sueldos de funcionarios de alta jerarquía.
