DNI Salta.- Marcos Lautaro Teruel, condenado en 2021 a 12 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado, vuelve a estar en el centro de la polémica tras recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Según la resolución judicial, el motivo es una afección en su pie que, al igual que en ocasiones anteriores, fue argumentada como un problema médico que requiere atención fuera del penal de Villa Las Rosas.
Un historial de beneficios
Teruel ya había recibido prisión domiciliaria en 2023 por una afección similar, bajo el argumento de un «germen alojado en el hueso del pie» que podría haber requerido la amputación de un dedo. Sin embargo, este beneficio fue revocado semanas después, cuando una junta médica concluyó que su estado de salud no justificaba la medida.
En esta ocasión, el hijo del músico Mario Teruel obtuvo nuevamente el beneficio sin custodia ni pulsera electrónica, lo que ha generado fuertes críticas. Voces del Servicio Penitenciario aseguran que dentro del penal existen los recursos necesarios para tratar problemas médicos de este tipo.
Reacciones y cuestionamientos
El abogado defensor de una de las víctimas, Sergio Flores Giralt, expresó su indignación al considerar que la medida refuerza la percepción de privilegios para el condenado. “Parece que cualquier dolencia mínima puede ser motivo suficiente para obtener prisión domiciliaria. ¿Qué mensaje se les da a las víctimas?”, cuestionó.
Por su parte, familiares de las víctimas también señalaron la facilidad con la que Teruel ha logrado salir del penal en múltiples ocasiones, considerando que esto diluye la gravedad de los delitos por los que fue condenado: abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en el caso de una niña de 13 años, y abuso sexual con acceso carnal en el de una joven de 19 años.
Próximos pasos
Con la actual medida, Teruel permanece en su domicilio, donde cumplirá parte de su condena en condiciones que han sido calificadas por algunos sectores como “vacaciones”. Según estimaciones, podría acceder a beneficios de libertad transitoria en los próximos años, lo que genera inquietud entre las víctimas y sus defensores.
El caso reaviva el debate sobre el sistema judicial y penitenciario, poniendo en duda su capacidad para garantizar que las penas sean cumplidas de manera justa y acorde a la gravedad de los delitos cometidos.
