DNI Salta.- Un hecho de extrema violencia conmocionó a la ciudad boliviana de Bermejo, fronteriza con Aguas Blancas (Argentina), cuando un grupo de comerciantes agredió brutalmente a una mujer argentina, acusándola de haber participado en el robo de más de cinco millones de pesos argentinos. El episodio fue registrado en video, viralizado en redes sociales, y muestra escenas de golpes, humillación pública y amenazas de prenderla fuego.
La mujer fue identificada como oriunda de Tucumán, y según medios locales, sería parte de una banda delictiva que opera en la zona fronteriza. El robo ocurrió en un comercio bermejeño donde, según la víctima, un grupo ingresó simulando interés en comprar. Mediante maniobras de distracción, habrían sustraído un bolso con dinero, que pasó de mano en mano hasta desaparecer.
Días después, la mujer fue reconocida por vecinos en la zona de La Petrolera. Allí se desató el violento ataque: fue golpeada, le cortaron el cabello, la desnudaron parcialmente y la pasearon por la calle, exigiéndole la devolución del dinero. Los agresores incluso pidieron combustible para quemarla viva. La Policía, aunque presente en el lugar, no intervino de inmediato ante la presión de los manifestantes.
Recién cuando el episodio alcanzó niveles críticos de violencia, la mujer fue trasladada a una comisaría. Permanece detenida, y la Fiscalía tiene 72 horas para resolver su situación legal. Mientras tanto, otros comerciantes presentaron denuncias similares y afirman que la mujer estaría involucrada en más hechos delictivos recientes.
Derechos humanos y polarización social
Familiares de la detenida denunciaron que fue víctima de un acto de tortura, y exigieron garantías para su integridad física y el cumplimiento del debido proceso. El Consulado argentino en Bolivia sigue el caso y se encuentra gestionando asistencia consular.
La escena generó profundo debate social. Algunos sectores justificaron la reacción de los comerciantes frente a la inseguridad, mientras otros repudiaron la violencia y la exposición pública, señalando que la justicia por mano propia no puede reemplazar al sistema legal.
El caso también expone la fragilidad institucional en las zonas de frontera, donde la actividad delictiva organizada y la falta de controles efectivos alimentan un clima de tensión constante entre comerciantes y bandas criminales.
La mujer sigue detenida en Bermejo, a la espera de la decisión judicial. El caso no solo abre una investigación penal, sino también una reflexión social y política sobre los límites de la reacción frente al delito y la violencia institucionalizada.
