La ONU exige la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela

DNI Salta.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este lunes la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela y señaló que las recientes excarcelaciones informadas por el Gobierno no cumplen con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.

En un pronunciamiento difundido desde Panamá y Ginebra, la ONU consideró que la liberación de algunas personas detenidas arbitrariamente constituye un “paso importante”, aunque remarcó que resulta claramente insuficiente frente a la dimensión del problema. De acuerdo con estimaciones del organismo, en Venezuela permanecen detenidas unas 800 personas por motivos políticos, mientras que hasta el momento solo alrededor de 50 habrían recuperado la libertad.

El comunicado se conoció en un contexto de cifras dispares sobre las excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó la liberación de 116 personas tras una revisión de causas dispuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, organizaciones independientes como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón confirmaron entre 40 y 53 liberaciones verificadas, y advirtieron que el proceso avanza de manera gradual y limitada.

Entre las personas liberadas se encuentran al menos 24 presos políticos, incluidas nueve mujeres que permanecían detenidas en la cárcel La Crisálida, así como varios ciudadanos extranjeros alojados en el penal de El Rodeo I.

La ONU manifestó una preocupación particular por la situación de las mujeres privadas de la libertad, al señalar los impactos diferenciados que la detención tiene sobre su salud física y mental, además de las responsabilidades de cuidado que muchas de ellas asumen. También reclamó que se garantice atención médica urgente a quienes ya fueron excarceladas.

Finalmente, el organismo reiteró que la detención arbitraria continúa siendo utilizada como una herramienta de represión política y alertó sobre prácticas como la incomunicación prolongada, la falta de acceso a familiares y abogados, y las condiciones de detención, que afectan tanto a las personas privadas de la libertad como a su entorno familiar.