Juzgan a dos exfuncionarios policiales de Salta por allanamientos ilegales, secuestros y torturas

DNI Salta.- Por el secuestro a un exfuncionario del gobierno de Ragone.

Juzgan a un ex jefe policial y a un ex efectivo por allanamientos ilegales y secuestros, hechos cometidos contra un exfuncionario del gobierno de Miguel Ragone.

Los acusados son el exdirector de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, y el exagente policía Carlos Feliciano Estrada. Están imputados de haber intervenido, como autor mediato y directo, respectivamente, en el secuestro y los tormentos de Tomás Ricardo Cuadri. La víctima fue detenida ilegalmente en tres oportunidades y torturada con la finalidad de que aportara datos acerca del paradero del exministro de Gobierno Enrique Pfister Frías.

Dos expolicías juzgados

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta dio inicio al juicio al exdirector de Seguridad de la Policía de la provincia de Salta, Joaquín Guil, y al exagente de esa fuerza, Carlos Feliciano Estrada, por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en perjuicio de Tomás Ricardo Cuadri, perpetrados -en tres hechos diferentes- entre mayo de 1976 y los primeros meses de 1979.

El debate está a cargo de los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz (presidente) y Federico Santiago Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek. Intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.

Varios hechos

Guil llegó acusado en calidad de coautor mediato en tres hechos de allanamiento ilegal y tres de privación ilegítima de la libertad agravados. En relación a las privaciones ilegítimas de la libertad, una se encuentra agravada por el empleo de violencia y amenazas, mientras que los otras dos se encuentran doblemente agravadas también por su duración superior a un mes. Estrada, por su parte, está imputado en carácter de autor material en dos hechos de allanamiento ilegal y dos de privación ilegítima de la libertad agravadas por el empleo de violencia y amenazas; en un caso, doblemente agravada por su duración superior a un mes.

Perseguidos políticos

Los dos exfuncionarios policiales deberán responder también por tres hechos de imposición de tormentos, agravados por ser la víctima un perseguido político.

Durante la audiencia de inicio -que fue transmitida por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación- el tribunal dio lectura al requerimiento de elevación a juicio. Posteriormente, ante la consulta del tribunal, las partes informaron que no realizarían planteos preliminares. Al momento del llamado a indagatoria, tanto Guil como Estrada expresaron su negativa a declarar. Finalmente, el tribunal dispuso de un cuarto intermedio hasta el 5 de marzo para la próxima audiencia.