DNI Salta.- Con el testimonio de siete damnificados, continuó este jueves la tercera jornada del juicio contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, y cuatro integrantes del staff de la sucursal que funcionaba en Salta. Los imputados enfrentan cargos por estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita en concurso real.
Declararon una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado. Relataron cómo llegaron a la empresa, por qué confiaron sus ahorros en dólares y cómo operaba el esquema. Los responsables prometían intereses mensuales y la posibilidad de reinvertir en criptomonedas, aunque el capital no se podía retirar antes de tres años.
Los testigos contaron que conocieron la firma a través de amigos o compañeros de trabajo. Los captadores ofrecían comisiones a quienes sumaran nuevos inversores. Una aplicación móvil mostraba el supuesto crecimiento del capital, lo que alentaba a seguir invirtiendo.
El entorno montado por la empresa generaba confianza: sucursales en varias ciudades, oficinas céntricas en Salta y una estructura que aparentaba legalidad. Incluso, según contó un testigo, en el mismo local funcionaba un templo donde se realizaban reuniones y ceremonias.
Los damnificados identificaron a los coimputados como interlocutores directos. Eran ellos quienes recibían los fondos y ofrecían intereses que variaban entre el 7,5 % y el 15 % mensual. Una denunciante relató que tras entregar sus ahorros en noviembre de 2021, recibió un recibo firmado por Ricardo Vilardel, pero nunca obtuvo un contrato. Al principio cobraba intereses en efectivo y en dólares, pero luego los pagos cesaron.
Cuando surgieron denuncias públicas contra Cositorto, los administradores del grupo de WhatsApp de Zoe minimizaron el tema y luego restringieron los comentarios. Finalmente, la sucursal de Salta cerró y se promovió una nueva aplicación llamada Sunrise.
Además de Cositorto, están imputados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. El tribunal está integrado por Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, con la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio por el Ministerio Público.
La causa surgió en 2022 tras múltiples denuncias de ahorristas. La investigación determinó que Generación Zoe operaba bajo un esquema piramidal: la rentabilidad prometida no provenía de negocios reales, sino de los aportes de nuevos inversores.
