DNI Salta.- La Alcaidía de la Ciudad Judicial de Salta se convirtió en escenario de una tragedia la noche del domingo, mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas. Un incendio en uno de los pabellones dejó 17 internos heridos con quemaduras de distinto grado, de los cuales 10 permanecen hospitalizados y tres en terapia intensiva en el Hospital San Bernardo.
Según el Servicio Penitenciario, todo comenzó con una gresca en una celda que derivó en un amotinamiento generalizado. No se reportaron heridas con armas blancas, sino quemaduras por el fuego desatado.
Rodrigo Sebastián Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Tratos Degradantes, señaló que la situación era “una tragedia anunciada”. Según el organismo, en la Alcaidía se vive “un clima de malestar permanente” debido al hacinamiento, las malas condiciones de encierro y el destrato a los familiares durante las visitas.
“Las requisas son invasivas, hay maltratos verbales y arbitrariedades. A las mujeres las obligan a desnudarse o ponerse de cuclillas; incluso revisan los pañales de los bebés. Si protestan, pueden pasar hasta 90 días sin poder visitar a sus familiares”, denunció Solá.
Un sistema colapsado
El Comité cuestionó que la Alcaidía —inaugurada hace 19 años como lugar de detención transitoria— funcione como cárcel, alojando tanto a imputados con prisión preventiva como a condenados. Su capacidad es de 350 personas, pero actualmente hay unas 600, y en el pabellón donde se inició el fuego había 25 internos en una celda para ocho.
Solá indicó que el lugar carece de colchones ignífugos y cámaras de seguridad, a pesar de ser exigencias obligatorias por ley. “Era esperable una tragedia así. Ya lo habíamos advertido en reiteradas oportunidades”, sostuvo.
Habeas Corpus y medidas pendientes
En agosto de 2024, el Comité presentó un Hábeas Corpus colectivo ante la Corte de Justicia de Salta, denunciando una crisis humanitaria en las comisarías y dependencias policiales que alojan presos de forma irregular. El escrito, aún sin resolución definitiva, advierte que las condiciones actuales vulneran los derechos humanos básicos y anulan los objetivos de resocialización de la pena.
“El problema estructural es claro: cárceles llenas, la Alcaidía se usa como penal, y cuando ésta se satura, los presos terminan en comisarías. Hay cerca de 500 personas detenidas en dependencias policiales, sin infraestructura adecuada”, detalló Solá.
El Comité participa de mesas interinstitucionales junto al Ministerio de Infraestructura y otros organismos, para trabajar en la ampliación edilicia y en la reducción de la sobrepoblación, aunque reconocen que los avances son lentos.
Mientras tanto, la Fiscalía investiga el incendio para determinar su origen y posibles responsabilidades, en medio de un sistema penitenciario que —según el propio Comité— se encuentra al borde del colapso.
