DNI Salta.- El caso Finca Karina expuso una problemática que trasciende largamente la imputación de once personas por contrabando agravado. La investigación federal dejó al descubierto una prolongada y sistemática ausencia de control por parte de organismos del Estado nacional, provincial y municipal en una de las áreas más sensibles del país: la zona de seguridad de frontera. Ese vacío institucional fue el escenario que permitió que, durante años, operara en Aguas Blancas una verdadera aduana paralela, con logística propia, recaudación diaria millonaria y una organización criminal estable. Desde hace tiempo, El Tribuno viene alertando sobre estas actividades ilegales en la frontera.
La advertencia surge del propio expediente judicial. Fuentes del caso remarcan que el fenómeno excede el abordaje penal tradicional: si bien el juicio se centrará en la conducta de los imputados, la estructura que funcionó en Finca Karina solo pudo consolidarse a partir de déficits persistentes de control estatal, y no como resultado de una maniobra aislada o circunstancial.
Una estructura consolidada en zona de seguridad
La investigación formal se inició el 26 de mayo, aunque las tareas de inteligencia y verificación se venían desarrollando desde semanas antes. El predio conocido como Finca Karina está compuesto por dos inmuebles colindantes con el río Bermejo, cuyo cauce marca el límite internacional entre Argentina y Bolivia. Esa ubicación estratégica fue clave: desde la margen boliviana, gomones trasladaban mercadería hacia una playa preparada para el desembarco, con caminos internos, puntos de control y conexiones directas a la ruta nacional 50 para su posterior distribución al interior del país.
El circuito ilegal abarcaba productos de consumo masivo, artículos sanitarios, materiales de corralón, chatarra, rieles ferroviarios saqueados en el Chaco salteño, vehículos robados que retornaban a Bolivia y, según la acusación fiscal, también estupefacientes. Todo esto ocurría dentro de una zona que, por ley, debería contar con controles reforzados por razones de seguridad nacional.
Asociación ilícita y anomalías institucionales
Durante las audiencias ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integradas por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, la Fiscalía logró acreditar que no se trataba de una economía informal marginal. El expediente describe una asociación ilícita con división de roles, jerarquías definidas, subordinaciones, logística organizada y una operatoria sostenida en el tiempo.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es el plano registral e institucional. La investigación reveló que uno de los predios —la matrícula 10.383, de 18 hectáreas— figura a nombre de Gladis Gloria Salazar, técnica farmacéutica del Hospital San Vicente de Paúl de Orán, quien adquirió el inmueble a su hermano Alfredo Salazar en febrero pasado por 20 millones de pesos. La escritura consigna que no se solicitó autorización especial para zona de frontera, un requisito central según la legislación vigente. En una de las audiencias, el juez French calificó de insólito que un terreno ubicado en una zona de seguridad fronteriza tenga titularidad privada sin controles específicos.
Un problema estructural
Fuentes judiciales insisten en un punto clave: la carencia de actividad estatal. La naturalización del contrabando como supuesto “trabajo de frontera”, sumada a la falta de controles efectivos por parte de organismos aduaneros, territoriales y municipales, generó las condiciones para que esta estructura criminal se afianzara y operara durante años sin interferencias significativas. El caso Finca Karina, en ese sentido, expone una falla estructural que va mucho más allá de los imputados que hoy enfrentan a la Justicia.
