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DNI Salta.- El senador provincial que a mitad de mandato se lanzó a la carrera por la intendencia de la capital salteña con desmedida ambición y representando los vicios más rancios e impuros de la vieja política salteña, quien, camuflado en la imagen de un sano benefactor en pos del emprendedurismo pretende sumir a sus supuestos «beneficiarios», en su mayoría ciudadanos comunes y vulnerables, a la pobreza y al estancamiento; quien subestima al electorado y paralelamente le da impulso y crecimiento a sus millonarios negocios personales, volvió a dar la nota en los medios nacionales con un nuevo escándalo que avergüenza a los salteños.
Sucede que, así como Emiliano Durand ya fue conocido por reconocidos medios y periodistas destacados a nivel nacional con disímiles ideologías y posturas, como son los casos, por citar a algunas de las referencias más conocidas, de Diego Brancatelli, Baby Etchecopar y Paulo Vilouta, quienes se asombraban por la incompatibilidad grotesca y alevosa de funciones, al ser Durand funcionario público y candidato, y a la par ser el propietario del medio de comunicación que más dinero recibe, expresado en millones, mensualmente a modo de pauta oficial por parte del Gobierno de la Provincia, como el portal digital Que Pasa Salta y otros satélites de la obsecuencia; otra vez el candidato de la casta resaltó a nivel nacional, y no precisamente por un mérito, una obra destacada ni un proyecto de ley noble y necesario.
Y así como también se expuso a la luz en las grandes luces de los medios y de la opinión pública porteña y nacional, por el mega escándalo de la utilización de computadoras del Estado para realizar sorteos en un evento privado haciendo campaña política con recursos que había enviado Nación con otros fines; en esta ocasión, un repudiado proyecto de ley del senador provincial quedó en el ojo de la tormenta del público y el periodismo argentino por su gravísimo carácter de inconstitucionalidad, tan temerario y peligroso para el resguardo de los niños y de las mujeres.
Se trata del proyecto de ley denominado Registro de Obstructores de Lazos Familiares, impulsado por el senador y candidato a intendente Emiliano Durand, que tiene como fin registrar a progenitores, guardadores o tutores que, teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes, «impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos».
De aprobarse esta ley implicaría, lisa y llanamente, desconocer derechos fundamentales que están en nuestra Constitución Nacional y en los Derechos Humanos Internacionales, ya que vulnera los derechos del niño, niña y adolescente que se encuentran en la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ley 23.061, que establecen a este sector humano como sujeto de derecho y no objetos que los adultos pueden disponer.
La iniciativa despertó reacciones y, si bien ya contaba con media sanción de la Cámara Alta provincial, la iniciativa legislativa tendrá que volver al Senado porque hubo modificaciones en su tratamiento en Diputados.
Uno de los repudios más fuertes partió de la organización Madres Protectoras de Salta, que en su momento calificó la creación de este registro como «terrible» porque «viene a atacar y revictimizar a las infancias, ya que esto atenta y vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando que el proyecto plantea un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SA), que tuvo su origen en Estados Unidos en 1985, y que procura atacar las investigaciones de abusos sexuales a niños y niñas, afirmando que las denuncias por estos delitos son solo expresiones infantiles inculcadas o elaboradas por sus madres para denigrar o acentuar la ruptura con sus exmaridos o exparejas.
Desatado el escándalo en Salta, este proyecto de ley no demoró demasiado en ser repudiado a nivel nacional tras la exposición pública en los más importantes medios de prensa de Buenos Aires, como son los casos de Clarín, Página 12, La Nación y la agencia de noticias estatal Télam, entre otros, haciéndose eco del masivo reclamo de organismos de Derechos Humanos en nuestra provincia, en las afueras de la Legislatura provincial.
La Nación destacó que incluso el Frente de Todos presentó a nivel nacional un proyecto en el Congreso para manifestar su preocupación por el avance del proyecto del senador salteño. La diputada Mónica Macha señaló en los fundamentos que en muchos casos las madres, para cuidar a sus hijos de nuevos abusos sexuales, interrumpen el contacto con su agresor. Y afirmó que muchas madres pueden ir presas por esa acción de darse curso a esa temeraria ley.
También se hizo eco el mismo medio de que Salta tiene uno de los mayores niveles de embarazos, maltratos y abusos del país. Y que a poco de las elecciones provinciales del 14 de mayo, exigieron que el Registro de Obstructores de Lazos Familiares sea dejado de lado.
También hizo hincapié a que, desde las organizaciones, el proyecto desoye las leyes de protección de las infancias como la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la ley provincial 7.857, que tiene como objetivo la erradicación de la violencia de género. Esas leyes, manifestaron, buscan evitar la revictimización a los niños al poner su “interés superior” por delante.
“En caso de sancionarse, la ley allanaría el camino para que las situaciones de maltrato y abuso contra las infancias se sigan reproduciendo porque se obliga a una revinculación y no se ven los antecedentes que hay detrás de estos pedidos de muchos padres que son violentos”, según manifestaron las organizaciones.
«Se trata del proyecto de creación del Registro de Obstructores de Lazos Familiares presentado por el senador provincial por el departamento Salta Capital, Emiliano Durand, que fue aprobado en noviembre pasado en la cámara alta salteña, y que en marzo volvió en revisión, de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que se sostiene con la teoría del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), le da atribuciones y obligaciones al Poder Judicial, como autoridad de aplicación, para la inscripción de los obstructores de lazos familiares, a quienes se los inhabilita para desempeñar cargos públicos y electivos, ser contratista o proveedor del estado, y acceder a viviendas sociales, entre otras limitaciones», consignó al respecto Télam.
Mientras que Clarín hizo foco en el «masivo rechazo» al proyecto por parte de las organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia, como Madres Protectoras y otros 85 organismos. Con este proyecto de ley, de aprobarse, «se desprotegerá a las infancias y se criminalizará a los adultos que sí protegen a sus hijos -que por lo general son las madres-, volviendo a vincular a la fuerza a los abusadores y violentos con sus víctimas inocentes, desoyendo las leyes vigentes de protección de las infancias y revictimización a los niños, como la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la ley provincial 7.857, que tiene como objetivo la erradicación de la violencia de género», aportó Clarín.
«Al grito de ‘con los chicos no, Emiliano’, los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones de la Legislatura provincial acusaron al senador Durand de facilitar los vínculos de los niños con sus abusadores, en una provincia con los mayores niveles de embarazos, maltratos y abusos del país», se hicieron eco en el mencionado medio nacional de la problemática recurrente que atraviesa Salta en la materia.
