DNI Salta.- Un fallo del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, Domingo José Batule, generó una ola de críticas tras declarar inconstitucional el régimen de aislamiento que cumple Raúl Ricardo “Coya” Rojas, líder de la banda narcocriminal “Los Coyas” y condenado a perpetua por homicidios y narcotráfico. La resolución permite al recluso mayor libertad de movimiento, visitas prolongadas y contacto físico con familiares, algo que fue rechazado de inmediato por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Fiscalía Federal de Salta.
Desde la cartera que dirige Patricia Bullrich expresaron un contundente repudio al fallo y anunciaron que presentarán una apelación. En un comunicado oficial acusaron al magistrado de “debilitar la seguridad de los argentinos” con una postura “garantista y pro-delincuente”. Además, advirtieron que esta decisión podría permitirle a Rojas retomar el control de su red desde el penal.
Bullrich también se pronunció en redes sociales: “Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo”.
El fiscal federal Carlos Amad confirmó que presentará un recurso de casación y no descartó denunciar al juez Batule ante el Consejo de la Magistratura. Según recordó, en meses anteriores la jueza Gabriela Catalano y la Cámara Federal ya habían rechazado planteos similares sobre el régimen aplicado a Rojas.
El fallo que desató la polémica
Batule resolvió que el “Coya” Rojas —actualmente detenido en el penal de Ezeiza— pueda permanecer fuera de su celda ocho horas diarias, acceder a tratamiento psicológico, actividades educativas y laborales, y recibir visitas con contacto físico, incluidas su pareja e hijos menores. También se ordenó restablecer el contacto fluido con su defensor.
El juez consideró que el régimen de 20 horas diarias de encierro prolongado afecta la salud mental del interno, vulnera su derecho a la defensa y le impide sostener vínculos familiares. En su argumentación citó las Reglas Mandela de la ONU, pronunciamientos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Aunque reconoció que los antecedentes penales del detenido justifican medidas especiales, sostuvo que el encierro extremo sin justificación individualizada puede constituir un trato cruel e inhumano. Por eso ordenó que se mantenga a Rojas en Ezeiza, pero bajo condiciones acordes a estándares constitucionales.
El prontuario del “Coya” Rojas
Rojas fue condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y narcotráfico. Está identificado como autor intelectual de un asesinato por encargo y un intento de ejecución.
Antes de ser trasladado a Ezeiza, estuvo preso en General Güemes, desde donde se comprobó que seguía liderando su organización criminal. El temor ahora es que la flexibilización del régimen le permita volver a operar desde prisión, lo que motivó la reacción inmediata de las autoridades nacionales y judiciales.
