DNI Salta.– Promesas de ganancias altas y rápidas, circulación de dinero en círculos de confianza cerrados y un colapso inevitable conforman el patrón clásico de un esquema Ponzi que en Salta dejó más de 100 agentes del Servicio Penitenciario damnificados y derivó en siete allanamientos judiciales.
De acuerdo con la investigación, la maniobra habría sido organizada por un cabo primero del Servicio Penitenciario, con funciones en áreas administrativas, quien presentaba la operatoria como un “sistema de inversiones” confidencial que funcionaba desde la pandemia. La propuesta ofrecía intereses mensuales de entre el 10% y el 15%, sin monto mínimo de ingreso y con una supuesta disponibilidad inmediata del capital invertido.
Un mecanismo de confianza y reinversión
En una primera etapa, los aportantes recibían pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que generaba credibilidad y los incentivaba a reinvertir y sumar a otros compañeros. Con el paso del tiempo comenzaron las demoras, los pedidos de prórroga, las transferencias a cuentas de terceros y, finalmente, el corte total de comunicación.
Las operaciones se canalizaban principalmente a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. El análisis realizado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) detectó 409 transacciones concentradas en solo tres cuentas, aunque el circuito completo habría involucrado al menos 22 cuentas.
Además, se identificó el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, una maniobra que, según los investigadores, habría tenido como objetivo simular inversiones reales y otorgar apariencia de legalidad a los fondos captados.
Tres niveles dentro de la estructura
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio sostiene que la maniobra no habría sido individual, sino que respondería a una estructura organizada en tres niveles:
El organizador principal, con acceso a sectores administrativos del Servicio Penitenciario.
Un grupo reducido de funcionarios, que habrían actuado como captadores y canalizadores de fondos, aprovechando vínculos laborales y de confianza.
Una base de más de 100 aportantes, integrada mayoritariamente por efectivos penitenciarios.
En ese marco, se investiga el rol de una funcionaria penitenciaria cuyo perfil económico resultaría incompatible con transferencias superiores a los $118 millones, lo que hace presumir que habría funcionado como intermediaria de fondos de otros damnificados. Un comportamiento similar fue detectado en otros agentes que enviaban sumas elevadas y luego recibían retornos periódicos presentados como “intereses”.
Señales de alerta
Desde la investigación remarcan que este tipo de esquemas se sostiene en promesas de rentabilidad elevada, pagos iniciales para generar confianza y la captación a través de relaciones cercanas o ámbitos laborales cerrados. La causa pone el foco en la importancia de identificar estas señales en un contexto donde las estafas financieras continúan expandiéndose bajo formatos cada vez más sofisticados.
