DNI Salta.- La difusión de un video en el que aparecen Darío Monges y el “Gringo” Palavecino mencionando a Benjamín Cruz como posible nexo entre el poder político y el crimen organizado ha desatado una crisis sin precedentes. La implicación de Cruz, quien actualmente es vocal del Tribunal de Faltas, cuestiona la capacidad del Tribunal de Cuentas y de otras instituciones para investigar y sancionar hechos que podrían comprometer a figuras cercanas al poder.
A pesar de la seriedad de estas acusaciones, no parece existir una investigación profunda sobre el pasado de Cruz, quien fue subsecretario del Ministerio de Seguridad. Este silencio institucional resulta aún más perturbador dado que la concejal Madile expresó que “no corresponde al Concejo Deliberante pedir algún tipo de explicación”, aunque el organismo sí tiene autoridad para solicitar aclaraciones sobre la conducta de sus funcionarios.
Además del trasfondo ético y legal, Cruz enfrenta un sumario administrativo y adeuda más de un millón y medio de pesos a la comuna, lo que debiera haber activado una respuesta del Tribunal de Cuentas. No obstante, la falta de acción pone en duda la eficacia y la objetividad de este organismo para garantizar una gestión pública transparente y responsable.
El silencio de Gustavo Sáenz y de otros referentes oficiales añade una capa de impunidad al caso. Incluso Emiliano Durand, quien en el pasado pidió la renuncia de otros funcionarios por motivos menores, ha optado por el silencio en esta ocasión, evidenciando una aparente doble vara en la gestión de situaciones comprometedoras.
La ciudadanía, que exige transparencia y justicia, observa con desconfianza la pasividad del Tribunal de Cuentas frente a la situación de Cruz. Para restaurar la confianza en las instituciones, es fundamental que se investigue su posible vinculación con el poder y el crimen organizado, así como su situación administrativa.
Nota con información de Opinorte
