DNI Salta.- El Gobierno nacional apeló ayer la resolución del juez Sebastián Casanello, quien había ordenado al Ministerio de Capital Humano que informara sobre la cantidad de alimentos destinados a comedores sociales que tiene almacenados y dispusiera su inmediata distribución. La orden judicial se enmarca en la creciente preocupación por la situación alimentaria en el país y la necesidad de garantizar que los recursos disponibles lleguen rápidamente a quienes más lo necesitan. La apelación del Gobierno busca revisar la decisión del juez y determinar los próximos pasos a seguir en la gestión de estos recursos alimentarios.
La decisión del magistrado es «contraria a distintos actos del Poder Ejecutivo, atinentes a la marcha o funcionamiento de la Administración Pública, y la implementación de políticas públicas las que resultan ajenas al control judicial», afirma la apelación que presentó la Subsecretaria Legal del ministerio, Leila Gianni.
Bajo esa línea argumental, Capital Humano sostuvo que «las cuestiones políticas entran en el dominio de la ‘prudencia política’, pertenecen a las ramas legislativa y ejecutiva dentro del sistema argentino, no resultan judiciables».
«De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría», explicó. El otro 40% es para catástrofes.
Puntualizaron que la yerba, a la que calificaron de «mala calidad», fue adquirida a través de «procesos poco transparentes» durante la administración del Alberto Fernández. «El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes», calificaron desde el Ministerio.
La resolución del juez Casanello, en la que exigía a Capital Humano un inventario de la mercadería y un plan de distribución inmediata, fue en respuesta a un planteo del dirigente social Juan , al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.
En el expediente, la fiscalía a cargo de Paloma Ochoa, había pedido que se dicte una medida cautelar innovativa» y que se ordene al Ministerio de Capital Humano «en el término de cinco días corridos, entregue los alimentos que hubiese demandado tanto la querella como así también todos aquellos actores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores -Renacom-, desde diciembre de 2023 al presente». Casanello rechazó ese pedido.
La apelación de Capital Humano señaló que la Fiscalía Federal, «ha confundido diferentes gestiones, las decisiones de políticas públicas y su competencia».
Desde el área Legal de Capital Humano recordaron que a raíz de una auditoría del Gobierno, se inició un expediente judicial donde se investiga el envío de fondos y alimentos a «comedores fantasmas».
Abrieron una causa colectiva
En paralelo a la causa judicial que lleva el juez federal Sebastián Casanello, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició ayer un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país.
Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones «que pudieran tener un interés en el resultado del litigio» y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.
Así lo resolvió el juez Lara Correa en un fallo que dictó ayer durante la mañana, en un expediente que inició el dirigente social Juan Grabois, quien también fue el impulsor de la causa que tiene el juez Casanello.
La causa en el fuero contencioso administrativo la presentaron la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Utep), de Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) con un amparo colectivo contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El pedido es que se le ordene al gobierno que garantice «el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas que asisten a comedores y merenderos comunitarios» ya que desde que asumió limitó la entrega de mercadería.
Luego se sumaron la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Fundación Firmeza y Tesón y la Asociación Civil La Salud en Comunidad.
