DNI Salta.- La Cámara de Diputados de Salta tiene previsto debatir este martes un controvertido proyecto de ley impulsado por la Corte de Justicia, que propone modificar el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCyC) e imponer un depósito obligatorio de más de 350 mil pesos como condición para presentar una queja por recurso denegado ante el máximo tribunal.
La iniciativa había sido enviada al Senado en marzo de 2024, pero generó fuertes cuestionamientos por parte de abogados del foro local, quienes advirtieron que la medida restringe el acceso a la justicia y afecta el principio de igualdad ante la ley. A pesar de las críticas, la Cámara Alta le dio media sanción en su última sesión del año pasado, coincidiendo con el tratamiento del Presupuesto 2025, cuando la atención pública estaba puesta en otros temas.
Ahora, con media sanción, el proyecto figura en el orden del día de la sesión de Diputados y podría convertirse en ley, en medio de una fuerte controversia.
¿Qué dice el nuevo artículo?
El texto reformulado del artículo 303 establece que, si un recurso es denegado, la parte afectada podrá interponer directamente una queja ante la Corte de Justicia, pero deberá depositar una suma equivalente a 12 ius judiciales (aproximadamente $350.000), a la orden del Tribunal. El pago se efectuará en la cuenta oficial del Poder Judicial, en el banco que actúe como agente financiero de la provincia.
Si la queja es admitida, el monto se devolverá al interesado. Pero si es rechazada, el dinero se perderá y será destinado por la Corte a adquisiciones de bienes de capital y consumo para el servicio de justicia.
Críticas y advertencias
Desde sectores profesionales del Derecho alertan que la medida pone una barrera económica al derecho a recurrir fallos judiciales, y que podría dejar sin defensa a personas sin recursos suficientes. También cuestionan que el dinero sea retenido por el propio tribunal que decide sobre la admisibilidad del recurso, lo que podría generar conflictos éticos o intereses cruzados.
Pese al rechazo que generó, el proyecto avanza con el aval de la Corte, y su tratamiento legislativo podría definirse en las próximas horas. Su aprobación abriría una nueva etapa de debate sobre el equilibrio entre celeridad judicial y acceso equitativo a la justicia.
