DNI Salta.- Con mayoría oficialista, la Cámara de Diputados de Salta sancionó una ley que modifica el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo la obligatoriedad de realizar un depósito económico para presentar una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. El monto, actualizado a valores vigentes, será superior a los $550.000.
La norma fue impulsada por la Corte de Justicia de Salta, que argumentó la necesidad de preservar el carácter “excepcional” del recurso de inconstitucionalidad. Según voceros del ámbito judicial, la medida busca evitar el uso abusivo del mecanismo y el ingreso de planteos improcedentes que demoran el trabajo del máximo tribunal.
Cómo funcionará el nuevo sistema
El diputado oficialista Gonzalo Domínguez, representante del departamento San Martín, explicó que el depósito requerido será equivalente a 12 ius, la unidad arancelaria para honorarios de abogados, cuyo valor actual es de $46.033. De este modo, cada queja deberá estar acompañada por $552.396, que serán restituidos únicamente si la Corte admite el planteo.
En caso contrario, el dinero quedará en manos del tribunal, con destino a inversiones en bienes de capital y mejoras para el servicio de justicia, según establece el texto sancionado.
Domínguez aclaró además que el derecho de acceso a la justicia no se verá afectado, ya que estarán exceptuadas las personas en situación de vulnerabilidad económica y los casos de violencia de género o familiar.
Críticas desde la oposición
El proyecto generó fuerte rechazo en sectores opositores. El diputado José Gauffin fue uno de los más críticos: “La Corte está tarifando la queja. Se atenta contra el acceso a la justicia. No todos pueden pagar 552 mil pesos. Es inconcebible que un derecho tan básico se condicione a una capacidad económica”, expresó.
La ley había sido enviada por la Corte a la Legislatura en marzo de 2024. En el Senado obtuvo media sanción en la última sesión del año pasado, mientras el foco público estaba puesto en el tratamiento del presupuesto provincial. Ayer, finalmente, logró la aprobación definitiva en la Cámara Baja, con cinco votos negativos y numerosas observaciones sobre su impacto social.
