DNI Salta.- El desalojo ejecutado en la madrugada del lunes en el barrio Francini (Pichanal) generó un profundo rechazo entre vecinos, que denunciaron un accionar desproporcionado y violento contra Romina Anagua, de 23 años, y su hija de cuatro años. El operativo fue ordenado por el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, y desplegado por un numeroso grupo de policías que irrumpió en la precaria vivienda pasadas las 5.30.
Según relataron habitantes del asentamiento, los efectivos ingresaron al lote rompiendo la verja y avanzaron con uniformados y agentes de civil. La escena ocurrió en un terreno convertido en un lodazal por las lluvias recientes, lo que acentuó la vulnerabilidad de la familia. Romina, aterrada y con su hija en brazos, pidió explicaciones mientras los policías vaciaban la casilla y arrojaban sus pertenencias al barro. También desarmaron la estructura completa, pese a que la orden judicial no habilitaba esa medida.
Las imágenes y videos registrados por vecinos dieron cuenta de la destrucción total de la vivienda, incluyendo un televisor que había sido regalado a la niña. La pequeña sufrió incluso marcas en los brazos a causa de forcejeos con escudos policiales.
Irregularidades y ausencia de garantías
Organizaciones y vecinos señalaron la falta de intervención previa del Ministerio Público Pupilar, exigida por la Constitución y la normativa internacional para proteger los derechos de la niña. Tampoco hubo un informe socioambiental que acreditara alternativas habitacionales ni la participación de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, organismo responsable de regularizar lotes fiscales.
En esa Secretaría consta, además, un pedido formal de regularización presentado por Romina el 29 de agosto. Según testimonios, el terreno llevaba más de dos años abandonado y la joven lo mantenía limpio antes de instalar la casilla con la indemnización recibida por un trabajo rural.
La orden judicial señalaba que el lote debía ser reintegrado a un hombre identificado como Rubén Alfredo Cardozo, pero no se conocen las condiciones de esa supuesta titularidad ni los motivos por los cuales un lote social permaneció desocupado tanto tiempo.
Un operativo que abrió más preguntas que respuestas
El procedimiento generó conmoción en un barrio golpeado por la precariedad y la falta de infraestructura. La comunidad cuestiona la magnitud del despliegue policial y exige explicaciones sobre la legalidad del desalojo.
Mientras tanto, Romina y su hija quedaron sin vivienda y sin protección institucional, mientras avanzan las críticas por un operativo que expuso fallas estructurales en la actuación judicial y en la intervención del Estado provincial.
