DNI Salta.- El Gobierno aplicará el derecho de admisión a 26 hinchas que estuvieron involucrados en los destrozos ocurridos durante la marcha de los jubilados en la Plaza del Congreso. Se trata de una parte de los detenidos por las fuerzas federales tras los enfrentamientos con la policía.
Restricción en eventos deportivos
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, ya tiene lista la resolución para prohibirles la concurrencia a eventos deportivos. Según informó TN, dos extranjeros y dos menores quedaron fuera de la medida.
Las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad e investigaron las vinculaciones de los detenidos con las barrabravas. Además, el Gobierno busca extender la sanción a otros manifestantes detenidos por la Policía de la Ciudad.
Desde el entorno de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmaron que aplicarán el derecho de admisión a los detenidos una vez que sean imputados por la Justicia. Se trata de 94 manifestantes, algunos de los cuales ya fueron liberados por la jueza Karina Andrade.
Denuncias y nuevo proyecto contra barras bravas
El Gobierno denunció penalmente a los barras y militantes involucrados en los incidentes, acusándolos de asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional. También solicitó que se declare incompetente a la jueza que ordenó las liberaciones.
En la denuncia, el Ejecutivo presentó pruebas sobre concentraciones previas en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza, y señaló a Leandro Capriotti, miembro de una agrupación de hinchas de Chacarita, como cercano al sindicalista Luis Barrionuevo.
Además, la Casa Rosada confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. La iniciativa propone:
- Penas de 2 a 4 años de prisión para quienes porten armas o revendan entradas de protocolo.
- Hasta 6 años de prisión para dirigentes de clubes que entreguen entradas a barrabravas.
- Endurecimiento de sanciones por negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en los estadios.
Con estas medidas, el Gobierno busca endurecer su postura frente a la violencia en el fútbol y evitar nuevos incidentes en el ámbito deportivo y social.
