DNI Salta.- Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló un presunto esquema de corrupción en el que municipios de distintas provincias extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación. Paralelamente, esos fondos ingresaban a cuentas privadas de empleados públicos, quienes luego los utilizaban para la compra de dólar MEP.
El esquema, detectado a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos y entidades financieras, expone la posible malversación de al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio.
Movimientos sospechosos
El documento de la UIF que circula en la Casa Rosada detalla maniobras irregulares como:
- Extracciones en efectivo por montos elevados desde cuentas municipales.
- Depósitos en cuentas personales de empleados sin capacidad de ahorro ni justificación económica.
- Compra de dólar MEP con esos fondos y posterior retiro en efectivo.
Las operaciones se intensificaron antes de las elecciones de 2023, lo que refuerza la hipótesis de que parte de estos fondos habrían sido destinados al financiamiento de campañas políticas.
El caso más grave: La Banda del Río Salí, Tucumán
Uno de los municipios más comprometidos es La Banda del Río Salí, en Tucumán. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se detectaron extracciones por más de $17.000 millones de sus cuentas municipales en Banco Macro, sin justificación clara.
Al notar las irregularidades, la entidad bancaria alertó a la UIF, en cumplimiento de la ley antilavado. La denuncia involucra a la gestión del intendente Gonzalo Monteros, cuyo padre, Darío Monteros, es ministro del Interior de Tucumán y cercano al gobernador Osvaldo Jaldo (PJ).
Denuncia y posibles implicaciones judiciales
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que descentralizó la investigación en cada provincia afectada.
El fiscal Paul Starc confirmó que el informe fue remitido a la PROCELAC y que se alertó a bancos y entidades financieras, lo que derivará en procesos judiciales contra los funcionarios involucrados.
Con Tucumán, Salta y Catamarca liderando el ranking de operaciones sospechosas, se espera que la justicia avance en la investigación sobre un presunto esquema de desvío de fondos públicos con posible vinculación con el financiamiento electoral.
