CAREMSA, la Cámara de Agencias de Remises de Salta, encendió una verdadera alarma judicial y mediática al presentar una denuncia penal contra el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand. Según el escrito presentado, Durand no solo habría utilizado su poder como máxima autoridad municipal, sino también los recursos públicos, los medios de comunicación pautados con dinero del tesoro municipal y normativas diseñadas a medida para acelerar el ingreso de la plataforma Uber a la ciudad de Salta, generando lo que llaman un golpe al sistema local de transporte público impropio.
Los denunciantes acusan a Emiliano, de encabezar una red político-empresarial cuidadosamente armada, que involucra a concejales, funcionarios del ejecutivo municipal y empresarios privados. Todos con el supuesto objetivo de imponer a Uber como actor dominante del mercado, excluyendo y debilitando a las agencias de remises que llevan años operando bajo las exigentes normativas locales. Según CAREMSA, no se trata de un simple conflicto comercial, sino de una maniobra que pone en peligro el tejido económico, social e institucional de la ciudad.
La denuncia destaca que, Emiliano Durand, invitó públicamente a los propietarios de vehículos a abandonar las agencias de remises e incorporarse a Uber, pese a que la ordenanza 16.377 —que establece la habilitación de las plataformas digitales— aún no ha entrado en vigencia. CAREMSA subraya que, según el artículo 209 del código penal argentino, incitar públicamente a cometer delitos está penado con prisión e inhabilitación. En este caso, argumentan que Emiliano Durand, estaría alentando a choferes y propietarios a operar fuera del marco legal, vulnerando además derechos laborales, tributarios y de seguridad ciudadana.
La denuncia también incluye el agravante de asociación ilícita, al entender que existe una estructura organizada y jerarquizada entre funcionarios municipales y empresarios privados para facilitar el ingreso irregular de Uber, en detrimento de la competencia local y en violación de múltiples normativas. Entre las pruebas se mencionan declaraciones públicas, normativas emitidas de manera apresurada y movimientos mediáticos dirigidos a denostar a las agencias locales, acusándolas falsamente de evasión fiscal y precarización.
Además, CAREMSA advierte que Uber se encuentra actualmente bajo investigación por ARCA (ex AFIP) y por los organismos fiscales de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en una causa donde se la acusa de evasión fiscal y de incumplimiento de derechos laborales. Según trascendió, la causa avanza rápidamente en los organismos fiscales, donde Uber ya presentó su primer descargo, que no convenció a los inspectores públicos y provocó que fuese intimada a presentar su estatuto social. Este documento debería probar que la empresa puede legalmente desarrollar actividades de transporte de pasajeros en Argentina, lo que genera muchas dudas respecto a las verdaderas actividades de Uber en el país.
Este caso ya está teniendo repercusión provincial y amenaza con escalar a nivel nacional, especialmente, porque se da en un contexto donde otras jurisdicciones, como Córdoba, frenaron a Uber calificando sus actividades como servicio público sujeto a estrictos controles. «Mientras en Córdoba la justicia marca límites, en Salta vemos al intendente abriendo puertas de par en par, y sin condiciones, a una empresa extranjera que ni siquiera tributa localmente», denunciaron voceros de CAREMSA.
La Cámara advierte que esto no es solo una disputa de negocios: detrás del avance de Uber, según ellos, hay un riesgo profundo para la igualdad de condiciones, la competencia leal y la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios. «Estamos hablando de un proceso que podría destruir decenas de agencias, dejar a cientos de trabajadores en la calle y entregar el transporte urbano a un modelo digital desregulado, que no garantiza ni siquiera la seguridad de los pasajeros», remarcan.
Por ahora, la denuncia penal está presentada, con pedidos explícitos para que se investiguen los delitos de instigación, abuso de autoridad y asociación ilícita. Los ojos del sector, de los medios y de la ciudadanía están puestos sobre la respuesta judicial. ¿Habrá consecuencias para el intendente? ¿Se abrirá un debate nacional sobre los límites de la intervención municipal en favor de las grandes plataformas digitales? El escándalo recién comienza y promete marcar un antes y un después en la historia del transporte público salteño.
