DNI Salta.- “La semana pasada, el día lunes, se notifica a la universidad de este fallo que salió a mediados de septiembre”, explicó Tapia, al referirse a la resolución judicial que declara inconstitucional un punto de la Resolución N°13 de la AMT, la cual exigía tener al menos dos materias aprobadas para acceder al boleto gratuito.
El fallo responde a un recurso de amparo presentado en 2022, y determina que dicho requisito contradice la Ley 8030 que garantiza la gratuidad del boleto estudiantil. Además, exhorta a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y a la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) a trabajar en conjunto para definir una nueva reglamentación.
En ese marco, el Consejo Superior realizó una sesión extraordinaria la semana pasada, con la participación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y de la abogada impulsora del amparo. También se mantuvieron reuniones con Claudio Mohr, presidente de Saeta, y representantes de la AMT para avanzar en la implementación del fallo.
“Estuvieron muy abiertos a poder acatar el fallo y a otorgar el beneficio a los estudiantes que realmente lo necesitan y que están cursando en la universidad”, destacó Tapia.
Respecto a otras restricciones, como el límite de ocho años de permanencia para mantener el beneficio, aclaró que el fallo no se pronuncia directamente sobre ese punto, aunque fue parte del debate. “El fallo cuestionó que la AMT no puede definir qué es un alumno regular, porque eso le corresponde únicamente a la universidad”, enfatizó, defendiendo la autonomía universitaria.
Tapia también reveló que la UNSa experimentó este año una caída notable en las inscripciones: “Se preinscribieron más de 13.000, pero se confirmaron solo entre 4.500 y 5.000. Este año vimos un poco las aulas vacías”.
Actualmente, entre 6.000 y 7.000 estudiantes acceden al boleto gratuito, aunque muchos habían quedado fuera por las restricciones ahora anuladas. Con el nuevo fallo, se espera que más alumnos puedan acceder al beneficio antes de fin de año.
Por último, Tapia adelantó que la UNSa trabaja junto a Saeta, la AMT y los centros de estudiantes en la redacción de un nuevo documento reglamentario que garantice la correcta aplicación del beneficio conforme a la ley.
