DNI Salta.- El Tribunal Oral Federal N.º 7 retomó este martes la lectura de la elevación a juicio del tramo conocido como “La Camarita” en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno. Durante la décima audiencia, que se extendió por alrededor de cuatro horas, se leyeron 83 fojas del expediente, con testimonios de empresarios de la construcción que relataron presiones, exigencias de dinero y acuerdos para direccionar la obra pública.
En declaraciones realizadas como imputados colaboradores ante el fiscal Carlos Stornelli y luego homologadas por el juez Claudio Bonadio, Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron un entramado que, según afirmaron, condicionaba la continuidad de las empresas en el mercado de la obra pública.
Gerbi, presidente de la constructora COARCO, sostuvo que las presiones comenzaron tras la firma de contratos de concesión vial. Relató que Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI, le transmitió que “por pedido del presidente Kirchner” debían realizar aportes periódicos de dinero, bajo advertencia de sufrir consecuencias. Según su testimonio, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. Afirmó que finalmente comenzaron a entregar dinero en encuentros pactados, con montos de entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.
Juan Chediak describió un esquema similar y señaló exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Indicó que le fue planteado que, para seguir trabajando, debía pagar aportes, los cuales entregó tanto en domicilios particulares como en dependencias oficiales. Las sumas, según declaró, variaban entre 100.000 y 250.000 pesos mensuales. Más adelante, explicó, el sistema se concentró en la figura del financista Ernesto Clarens, quien actuaba como recaudador.
Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aportó una visión estructural del mecanismo. Sostuvo que desde 2004 se organizó un sistema para asegurar adjudicaciones a determinadas empresas, que luego debían devolver parte del anticipo financiero como retorno destinado a gastos políticos. Según declaró, las empresas acordaban previamente quién ganaba cada licitación y entregaban entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. Reconoció que su empresa también participó del esquema.
Aldo Roggio admitió haber realizado aportes exigidos por Roberto Baratta, aunque afirmó que fueron con fondos personales y por montos menores a los reclamados. Señaló que accedió ante el temor a represalias contra su empresa y describió el clima de la época como autoritario.
Por su parte, Marcela Sztenberg, directiva de EQUIMAC, relató el impacto de las presiones en la empresa y en su entorno familiar. Identificó a Clarens como el principal interlocutor y sostuvo que, tras comunicar la imposibilidad de seguir pagando, los contactos cesaron, aunque la firma quedó afectada por deudas, demoras en los pagos y litigios.
Los imputados colaboradores coincidieron en que no se trataba de aportes voluntarios, sino de condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras administrativas o la exclusión del mercado.
En la valoración de la prueba leída en la audiencia, el fiscal Stornelli sostuvo que el sistema descripto en “La Camarita” estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, administrar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos exigidos a empresas constructoras. Señaló a Wagner como quien diagramó y puso en práctica el esquema, con Clarens a cargo de la recaudación, mientras que ubicó a la Dirección Nacional de Vialidad como una pieza clave para ejercer presión mediante el manejo de prioridades de pago. En ese contexto, mencionó a Cristina Fernández de Kirchner en la cúspide de la estructura y a Julio De Vido como organizador del sistema en el área de obra pública.
El debate continuará el próximo jueves a las 9:30, cuando está prevista la lectura de las últimas 51 fojas correspondientes a este tramo de la causa.
