dni Salta.- El cierre del ciclo lectivo en el Colegio Secundario 5.066 de Santa Victoria Oeste se desarrolla en un clima de alta conflictividad institucional. Denuncias cruzadas, disposiciones administrativas, incertidumbre y fuertes tensiones entre el personal docente configuran un escenario marcado por la desconfianza y la falta de claridad en los procedimientos.
La profesora Estanislada Mendoza, docente de Ciencias Sociales y magíster en Derechos Humanos, sostiene desde hace meses denuncias por situaciones de abuso, acoso y persecución dentro de la institución. Según relata, sus presentaciones ante la Policía y el Ministerio de Educación surgieron a partir del pedido de ayuda de una estudiante que habría manifestado ser víctima de un profesor de la escuela.
La supervisora del establecimiento, Soledad Maciel, confirmó que, ante la denuncia inicial, se activó el protocolo correspondiente (Resolución 546D), se elevó el caso a la Dirección de Nivel Secundario y se dispuso el apartamiento preventivo del docente denunciado mientras avanzaba la investigación.
Sin embargo, la situación dio un giro cuando, la semana pasada, el profesor acusado regresó a sus tareas. Paralelamente, la docente que había impulsado la denuncia recibió una suspensión de cinco días, firmada por la directora General de Nivel Secundario, Marta Isabel Segura. El fundamento de la sanción radica en que Mendoza grabó un audio de la alumna relatando los hechos, lo cual –según indica el documento– constituye una conducta inapropiada, una vulneración de derechos y un acto de revictimización.
Mendoza sostiene que grabó el testimonio porque inicialmente, al denunciar, le solicitaron pruebas. Afirma que su intención fue resguardar a la estudiante y reforzar su denuncia. Tras la declaración de la joven ante la Fiscalía Penal Nº2, la alumna negó los hechos mencionados en el audio, lo que llevó a que la causa fuera archivada. Esto habilitó el retorno del profesor a la escuela.
La docente afirma que la estudiante habría declarado bajo presión y que existen otros episodios que ameritan investigación adicional. Señala además que atraviesa un proceso de hostigamiento institucional por haber expuesto estos hechos.
Desde la supervisión se aclara que la actuación del Ministerio se limita a lo administrativo y que, una vez archivada la causa judicial, no existen elementos para impedir la reincorporación del profesor. Sobre la sanción a Mendoza, se remarca que no se cuestiona la denuncia en sí, sino las formas en que obtuvo y registró el testimonio de la alumna.
La situación se complejiza con los antecedentes mencionados por Mendoza, quien afirma haber sido víctima previamente de acoso por parte del mismo docente y haber realizado informes ante supervisión que no habrían tenido respuesta.
