Condenan a funcionario del PAMI y a un empresario

    DNI Salta.- El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, conformado por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Santiago Díaz (presidente) y Marta Liliana Snopek, ha dictado sentencia en un caso relacionado con delitos de negociaciones incompatibles con la función pública. El empleado de la Unidad Salta del PAMI, Claudio Marcelo Palacios, ha sido condenado a tres años de prisión como autor de los delitos, mientras que el empresario Sebastián Gonzalo Villagrán Di Pietro ha sido sentenciado a dos años y 6 meses de prisión como partícipe necesario. La condena refleja la gravedad de las acciones cometidas y busca preservar la integridad de la función pública en la región.

    Respecto a Palacios, la condena incluyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal. El fallo, dado a conocer el 31 de mayo pasado, se completó con la absolución de Ricardo Gabriel Coronel, también empleado del PAMI, por el beneficio de la duda.

    En materia de pena accesoria, multa y reglas de conducta, el tribunal concedió la solicitud del fiscal Ricardo Rafael Toranzos, quien llevó adelante el caso desde que fue formalizado el 2 de junio del año pasado ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.

    En efecto, el tribunal impuso una multa de 1.660.000 pesos a condenado. Esa pena y el monto habían sido requeridos por el fiscal luego de que en el juicio se determinase la responsabilidad penal de ambos.

    En materia de reglas de conducta, en tanto, el tribunal ordenó que realicen un curso de ética, que se abstengan de negociar contrataciones con el Estado y que deban realizar una tarea no remunerada por 60 horas durante un año en hogares de ancianos, para que con ello puedan recapacitar sobre el daño causado.

    Al ingresar a la pena accesoria, el fiscal solicitó para Palacios la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La defensa intentó revertir la pretensión del MPF con un recurso de inconstitucionalidad contra la norma legal que lo establece, lo que fue rebatido por la fiscalía.

    la fiscalía reclamó al tribunal que declarara la responsabilidad penal de los acusados por los delitos imputados, contra lo cual las defensas esgrimieron que la aprobación final de las contrataciones era incumbencia de Molina.

    Por otra parte, las defensas minimizaron el accionar de sus clientes. Plantearon que no existía proporción entre el hecho imputado y el costo del juicio realizado, que demandó un gasto mayor del perjuicio que se les imputó a sus defendidos. Incluso, sostuvieron que existían otros casos de mayor gravedad que el traído a juicio, para, con ello, correr del escenario principal la acusación de corrupción.

    “El nudo de la cuestión fue la sospecha de que alguien ayudó de más al muchacho que pone el sonido en los eventos”, afirmó la defensa del empresario acusado, para luego sostener que su cliente apenas es un “emprendedor” y preguntarse, de manera retórica, “qué funcionarios se beneficiaron” con todo esto.

    En la réplica, el fiscal atendió este argumento y sostuvo que “importa muy poco si el monto o la ganancia era trascendente o no, el acto es repudiable” y sostuvo que tiene un “reproche social penal y esto es lo significativo”, por lo que rechazó la justificación aludida por el defensor al presentar la conducta de su cliente como “algo normal y natural”.

    “Resulta trascendente que demos este paso para lograr nuestra transparencia estatal; la corrupción afecta no solamente ese principio y el desarrollo de los órganos de la administración, sino también un orden de moralidad y, por supuesto, cultural”, resaltó.

    La defensa de Palacios, a su vez, insistió con un pedido de nulidad del procedimiento llevado adelante en el PAMI, en el que la fiscalía allanó la oficina de su cliente, secuestró documentación e intentó incautarle su teléfono celular, lo que se frustró debido a un llamado que recibió, a través del cual tuvo aviso de que la Policía Federal estaba en el edificio.

    Aludió que su cliente fue sometido a un destrato por ser obligado a desvestirse en una requisa ordenada por el juez Bavio, planteo que fue rebatido por la fiscalía al demostrar, mediante lo declarado por los testigos, que no hubo ningún avasallamiento a los derechos humanos, sino el cumplimiento de una medida judicial.

    Al resolver, el tribunal compartió los argumentos de la fiscalía y rechazó el planteo de nulidad. “De ninguna manera surge de los testimonios producidos en el debate que en la requisa minuciosa que se le practicó se le haya faltado el respeto, se lo haya humillado, se lo haya vejado o que el personal se haya excedido en alguna de sus funciones”, dijeron los jueces.

    Respecto al fallo de culpabilidad, entendieron que los delitos achacados habían sido acreditados con grado de certeza por la fiscalía respecto a Palacios y Villagrán Di Pietro, a quienes luego condenaron. En cuanto a Coronel, decidieron beneficiarlo con la absolución por existir dudas respecto a su rol en las maniobras descriptas.

    Al evaluar si los acusados realizaron conductas reñidas con la función pública, anteponiendo un interés particular e indebido, por encima del interés público con la finalidad de obtener un beneficio para sí o un tercero, el tribunal fue contundente respecto a la responsabilidad de Palacios y el contratista.

    Los jueces indicaron que en la causa se reunieron “los elementos de certeza necesarios para arribar a un pronunciamiento condenatorio respecto de Palacios y Villagrán Di Pietro”, ya que los sucesos históricos descriptos “quedaron -en su mayoría- debidamente acreditados por pruebas con aptitud suficiente que llevaron a la plena convicción de este tribunal de la existencia de tales hechos y de la autoría y participación de los nombrados”.

    Para los jueces resultó “evidente que Palacios, prevaliéndose del cargo que desempañaba dentro del PAMI, con pleno dominio funcional del hecho, se interesó ilícitamente en los procesos de contratación en los que intervenía en razón de sus competencias, realizando acciones concretas destinadas a beneficiar a Villagrán Di Pietro”.

    Remarcaron que, en contraposición a esta conducta, la ley establece que “el funcionario público actúe con imparcialidad y honestidad”. Y lo que se “acreditó es que Palacios y Villagrán Di Pietro tenían una relación de conocimiento y amistad, frecuencia de trato y en especial sus conversaciones giraban en lo que se refería al carácter de Di Pietro como contratante del organismo”.

    En ese contexto, Palacios, en su carácter de empleado público designado como responsable técnico en ambos procesos de contratación, “debió comportarse de un modo neutral; y en el mejor de los escenarios, pudo haberse apartado para evitar entrar en conflicto con intereses particulares”, indicaron los magistrados.

    Afirmaron que, en el marco de las contrataciones, sus recomendaciones “no eran indiferentes”. Por el contrario, “es evidente que las opiniones del área técnica requirente acerca de las ofertas presentadas influían en la adjudicación del contrato”.

    “Lo cuestionable es la interferencia interesada de Palacios, comprometida en el negocio, no ya con miras a un procedimiento transparente, regular, que garantiza la igualdad de posibilidades entre los competidores; sino con fines de torcer la voluntad de la administración, inclinando la balanza deliberadamente, motivado por un interés particular indebido, en beneficio de un tercero: su conocido y su amigo Villagrán Di Pietro”, destacaron.