DNI Salta.- Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal realiza en Buenos Aires una audiencia crucial por el asesinato de Darío Esteban Monges, ocurrido en septiembre de 2022 en Salta. En este proceso, los jueces deberán resolver dos impugnaciones: una presentada por la defensa de los hermanos David y Santiago Bejarano —condenados a prisión perpetua— y otra promovida por el fiscal Eduardo Villalba y el abogado querellante Nicolás Escandar, que solicitan que también sea condenado el padre de los acusados, Roberto Catalino Bejarano.
La defensa, a cargo de Clarisa Galán Muñoz, reclama que todo el juicio sea declarado nulo, alegando que la condena fue “arbitraria, ilegítima y basada en pruebas ilegales”. Cuestiona severamente la actuación de la policía provincial, el Ministerio Público Fiscal y el tribunal que dictó sentencia, señalando que la investigación estuvo viciada desde el inicio y dirigida deliberadamente contra los Bejarano.
Uno de los ejes más polémicos del reclamo defensivo es la declaración de un testigo de identidad reservada, cuya incorporación —afirman— fue irregular, sin justificación legal, y basada en un testimonio de “oídas”. La abogada también denuncia la utilización de prueba digital obtenida sin orden judicial, allanamientos nocturnos irregulares y manipulación de evidencia.
Además, la defensa sostiene que se desestimaron deliberadamente otras líneas investigativas vinculadas al entorno de Monges, quien —según afirman— tenía nexos con narcotraficantes, presos de alta peligrosidad y políticos, como el exsecretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, hoy imputado por tráfico de influencias.
Por su parte, la querella y la fiscalía argumentan que existen pruebas suficientes para que el padre de los condenados también sea declarado culpable. Basan su planteo en resultados de pruebas odorlógicas que lo vinculan con el interior del vehículo donde fue hallado el cuerpo de Monges, y cuestionan la absolución dictada en primera instancia.
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Javier De Luca representará al Ministerio Público ante Casación. Se espera que el tribunal emita una resolución definitiva en el mes de julio.
